Inicio Actualidad Económica Hacienda hurta 2.500 millones a las regiones a cambio de déficit

Hacienda hurta 2.500 millones a las regiones a cambio de déficit

La aprobación de la ampliación del objetivo de déficit para esta legislatura ya es un hecho. Hacienda ha logrado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) imponer su mayoría y lograr el apoyo de «sus» comunidades autónomas para flexibilizarlo dos décimas este año, sumarle una más en 2021 y alcanzar el equilibrio presupuestario en el año 2022. Esto significa que Pedro Sánchez ha aplazado dos ejercicios el objetivo de déficit cero marcado en la hoja de ruta del anterior Gobierno, presidido por Mariano Rajoy. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, jugaba de antemano con las cartas marcadas. Contaba en su poder con el 50% del voto en este órgano y con el apoyo asegurado de las comunidades controladas por el PSOE, por lo que pudo cumplir todas sus expectativas, que pasan por permitir a las regiones un desequilibrio fiscal superior al que Nadia Calviño presentó a la Comisión Europea en el Programa de Estabilidad, cifrado allá por el mes de octubre en el 0,1% este año y el equilibrio en 2021. Finalmente, la nueva senda ha quedado establecida en el 0,2% en 2020, 0,1% en 2021 y 0% en 2022, con seis votos en contra –los de las comunidades del Partido Popular– y 11 a favor, las afines al Gobierno. Pero entre ellas, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón lo hicieron en un tono bajo, ya que mostraron su rechazo a que no se les devuelvan los 2.500 millones del IVA pendiente de 2017.

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Retraso en el equilibrio presupuestario

Salta así por los aires el camino marcado y aprobado por Rajoy en 2018, que había fijado un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5% del PIB este año y estabilidad presupuestaria ya en 2021, unas metas inalcanzables, Por ello, el Gobierno ha optado por dar oxígeno a las cuentas regionales, que mayoritariamente iban a incumplir la regla de gasto marcada –la que determina la base para elaborar sus presupuestos–. Así, Pedro Sánchez ha logrado que se dé luz verde a elevar el déficit hasta el 1,7% este año –un 1,2% más de los pactado con Bruselas– y el 0,4% el que viene, aplazando la estabilidad presupuestaria para 2022. Tras lograr el trámite del CPFF, el Gobierno debería aprobar en Consejo de Ministros el techo de gasto –límite de gasto no financiero–, para posteriormente presentarlo en el Congreso junto a los nuevos objetivos de déficit y de deuda de las administraciones públicas, donde deberá conseguir el apoyo suficiente para su visto bueno, paso previo para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020 «cuanto antes», afirmó Montero tras el Consejo.

Y hasta ahí llegó el consenso generalizado. Toda la tranquilidad que vivió la ministra Montero tras lograr el apoyo a la senda de déficit, se tornó en tensión y reproches, incluso entre los consejeros de las autonomías «amigas», cuando llegó el turno de tratar las reclamaciones por el impago pendiente del IVA de 2017. Pese a ello, logró sofocar a regañadientes la rebelión entre sus filas. A priori, no estaba en el orden del día previo, pero los gobiernos autónomos, de todos los signos políticos, exigieron que entrara esta cuestión en el debate tras confirmar el Gobierno los días previos que no asumiría el abono de esa deuda –de más de 2.500 millones–, y que solo ofrecería «medidas paliativas» para solventar el asunto.

Déficit por IVA

Esas medidas las materializó ayer María Jesús Montero ofreciendo una compensación a través de un Fondo de Liquidación Autonómico (FLA) extra sin intereses –una línea de crédito a interés 0% para financiar la falta de recursos en los pagos a proveedores–. Además, Hacienda restaría en el déficit regional el montante pendiente del IVA. Su idea es que las regiones que incumplan el déficit en una décima o menos puedan dar por válido su objetivo anual y, por tanto, no tengan que presentar un Plan Económico Financiero (PEF). Es decir, que si una comunidad se acoge a los mecanismos de financiación, quedará integrada en el Fondo de Facilidad Financiera y no en el FLA, y eso les permitiría la salida a los mercados para lograr liquidez.

Pero estos argumentos no convencieron del todo a los consejeros de Economía y Hacienda presentes. Ni siquiera a los de «sus» comunidades, que aún con el «sí» dado, no descartan acudir a la vía judicial, como ya han confirmado las comunidades con gobiernos del Partido Popular. La consejera socialista de las Islas Baleares, Rosario Sánchez Grau, no ve claro compensar el aumento del déficit a cambio de no abonar el IVA pendiente. «El déficit no puede ser una compensación de la cuestión del IVA», pero prefirió no alentar la polémica.

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El “no” de las comunidades del PP

Más contundentes se mostraron los representantes populares. Tanto Javier Fernández-Lasquetty, representante de Madrid, como Valeriano Martínez, de Galicia recalcaron que «no hace falta saber mucho de economía para entender que déficit e IVA son conceptos distintos. Permitir más déficit es permitir más deuda, mientras que los fondos del IVA son recaudación. Se nos está ofreciendo deuda, pero los recursos en origen no lo eran. Tiene que devolver lo que era nuestro en origen, que no es lo mismo que dárnoslo como descuento».

Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha, tres de la regiones socialistas más beligerantes, confirmaron su asentimiento ante la ministra, aunque a la salida de la reunión no descartaron al cien por cien la posibilidad de reclamar por «por otras vías». En cuanto a Cataluña, finalmente no acudió su consejero de Economía, Pere Aragonés, y delegó en la directora del ramo, Natalia Más, la representación de la Generalitat, aunque sin voz ni voto. Más rechazó la senda de estabilidad aprobada y criticó que el Gobierno tome decisiones «de forma unilateral».

Estaba también previsto para esta reunión iniciar la negociación sobre la actualización del sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2014, pero quedó, de momento, en suspenso ante la ausencia del consejero catalán, el Ejecutivo decidió aparcarla. Pedro Sánchez intenta cotejar si las autonomías aceptarían una hipotética bilateralidad con Cataluña –algo inaceptable para la mayoría– o si finalmente la Generalitat se sumará en las mismas condiciones.