El artículo 134 de la Constitución establece que “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”.
Montoro, acostumbrado a saltarse la constitución, ha pospuesto la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de PGE y por tanto, su remisión a las Cortes. Esto implica que se retrasa el trámite parlamentario y, por tanto, es casi seguro que lleguemos a 31 de diciembre sin presupuestos aprobados. Este retraso se debe a la imposibilidad de encontrar los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar los presupuestos ante la negativa del PNV por la actitud de Gobierno ante el 1-O.
Este sería el segundo golpe en el Congreso a la estrategia del Gobierno en Catalunya. El primero fue el 19 de septiembre, cuando el PSOE se apeó de la apisonadora inmovilista ante una iniciativa de C’s para apoyar la política del gobierno en Catalunya. Lejos de haber reforzado la posición del gobierno, su actuación en Catalunya le está haciendo perder los pocos apoyos parlamentarios que tenía, lo que solo se entiende por la presión que ejerce Ciudadanos en la competición por llegar al cielo del centralismo recalcitrante.
El inconstitucional Montoro, con su amnistía fiscal y su reciente intervención de las cuentas de la Generalitat, es uno de los platos fuertes del spot electoral independentista, quizás solo superado por los SMS de Rajoy y la brillante idea del fiscal general del estado de mandar a la guardia civil a registrar imprentas. Con este escenario no es sorprendente que Montoro no encuentre apoyos parlamentarios para sostener sus cuentas entre los nacionalistas vascos que, además de mirar por lo suyo, no les gusta el desorden.
Unos presupuestos que, por otra parte, tampoco iban a contemplar grandes novedades a priori dado el techo de gasto aprobado en julio, esta vez sí, por la coalición presupuestaria de la que formaba parte hasta ahora el PNV. Un techo de gasto que anticipa unos presupuestos varados en la lógica de la austeridad, con un incremento del gasto y la inversión pública por debajo del crecimiento de la economía, y que difícilmente serviría aprovechar las posibilidades redistributivas del gasto público para que los efectos de la recuperación se notaran por fin en los bolsillos de los ciudadanos.
En todo caso, como señalábamos, el deber del gobierno es presentar unos presupuestos al Congreso para su deliberación y negociación. La cacicada de no presentarlos a las Cortes hasta tener garantizados los apoyos implica un secuestro de las cuentas públicas que no son del gobierno, si no de todos los ciudadanos, y la extraordinariedad de la situación solo se ve atenuada por los desmanes a los que nos tiene acostumbrados el gobierno del PP. La concepción del gobierno por parte del PP, más propia de otro tipo de regímenes, consiste en ir al parlamento solo cuando tiene una mayoría absoluta que le permite aprobar sus propuestas, como si se tratara de un trámite administrativo más.
Volviendo a lo que dice la Constitución sobre los Presupuestos Generales, ésta señala que “si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”, es decir, que el presupuesto de 2017 se repite para 2018 hasta que el gobierno presente el proyecto a las Cortes y éstas lo aprueben. Sin embargo, esto no está exento de consecuencias negativas para el país.
Tal y como señala en el artículo 38 de la Ley General Presupuestaria, la prórroga no afecta a gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan. La implicación de este precepto es lo que puede generar disfuncionalidades en la gestión económica del país. Las inversiones cuya fecha de finalización fuera 2017, los planes específicos con fecha de finalización 2017. Algunos de ellos son especialmente importantes como el programa FARO para la movilidad de estudiantes (2015-2017) o todas las convocatorias de becas. Al no presentar proyecto de presupuestos tampoco se aprobarían algunas cuestiones imprescindibles que estaban previstas por el gobierno como la reposición de personal en la administración y otras que se desprenden de leyes concretas pero que se materializan en los presupuestos anuales, como la actualización de las pensiones.
Normalmente, antes de que la prórroga entre en vigor, el gobierno publica un real decreto donde se sancionan cuestiones fundamentales para el correcto funcionamiento del estado, incluyendo la actualización de las pensiones, funcionarios o avales, entre otras. El 30 de diciembre 2016, en vísperas de la prórroga, el gobierno aprobó reales decretos para este tipo de cuestiones, así como para recortar 5.400 millones en un acuerdo de no disponibilidad. Habrá que estar atentos para que el decreto de prórroga no se utilice esta vez para introducir más recortes evitando el debate parlamentario, algo que Montoro sería perfectamente capaz de hacer.
Si el PP quiere seguir gobernando tendrá que parar la apisonadora en Catalunya y presentar un proyecto de presupuestos que aglutine los apoyos necesarios en las Cortes, aunque tal vez un ministro reprobado por el Congreso no sea la persona más adecuada para conseguirlo. Como Rajoy no parece que vaya a tocar a su amigo Montoro, quizás haga falta que el Tribunal Supremo inhabilite al ministro inconstitucional como ya hizo con otros cargos que, a su juicio, habían vulnerado la Carta Magna. No obstante, quizás sea más sencillo que entremos en razón y lleguemos a la conclusión de que la única posibilidad para resolver la crisis territorial y tener unos presupuestos a la altura de lo que necesita nuestro país es echar a Rajoy y sus compinches para construir un Gobierno que no nos avergüence cada día, los números siguen ahí.
