Lo primero que hizo Nadia Calviño tras convertirse en ministra de Economía fue volver allí de donde venía, Bruselas, para pactar una nueva senda de déficit. Consideraba que la heredada del Gobierno de Mariano Rajoy era inalcanzable. Calviño llegó a un acuerdo con la Comisión Europea para que las cuentas públicas cierren este año con un desequilibrio del 2,7%, frente al 2,2% comprometido por el PP. El Ejecutivo respiró entonces pero, con todo y con eso, no las tiene todas consigo. La prueba es el cambio contable que prepara para evitar el cómputo de al menos 1.200 millones de euros en el déficit de la Seguridad Social de este ejercicio –un 6%, aproximadamente–, equivalentes a alrededor de una décima del total de las administraciones públicas.
El Ministerio de Trabajo ultima estos días la orden por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. El documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, es habitual por estas fechas, pero el de este año introduce una importante modificación cuyo efecto real será que las cuentas de la entidad registrarán un déficit inferior al que cabría esperar de aplicarse las condiciones de ejercicios anteriores.
Nuevo criterio
La orden, que todavía no ha sido publicada en el BOE y que podría, por ello, sufrir modificaciones de última hora, justifica el cambio de criterio contable en una regla de la Intervención General del Estado del 31 de julio de 2018. Según la misma, y conforme a la explicación que recoge la memoria de la norma, las operaciones que pueden excepcionarse de los plazos establecidos para la presentación y tramitación de expedientes y documentos contables por parte de los órganos gestores de las entidades sujetas a función interventora para la realización de fiscalizaciones previas no pueden comportar gastos que conlleven obligaciones presupuestarias, ya que conforme a la normativa presupuestaria y contable, las obligaciones deben aplicarse al presupuesto del ejercicio en que se dicta el acto administrativo de reconocimiento de las mismas.
Atendiendo a este criterio, la orden implicaría que no se contemplen este año todos los gastos asociados a las liquidaciones de las cotizaciones sociales. Fundamentalmente, los gastos en concepto de pago delegado deducido por las empresas en esas liquidaciones y otros gastos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en concepto de reaseguro y aportaciones a los servicios comunes correspondientes a los dos últimos meses de 2018. El reconocimiento de estas obligaciones se produciría en 2019, por lo que estas obligaciones presupuestarias de 2018 se desplazarían a las cuentas de 2019.
Considerando las liquidaciones de 2017 y su posible evolución en 2018, el cambio comportaría un desplazamiento de 1.200 millones de euros del déficit de la Seguridad Social de este ejercicio al que viene. La operación aliviaría el desequilibrio de las cuentas de las administraciones públicas aproximadamente en una décima pero no deja de ser como hacerse trampas al solitario. Aunque la Seguridad Social asegura que el cambio se ajusta a la legislación, los 1.200 millones que no computen en el presupuesto de este ejercicio acabarán haciéndolo en el del que viene. Un año que tampoco será fácil para las cuentas públicas. La Comisión Europea ya ha advertido de que, de salir adelante, el borrador de Presupuestos Generales presentado por Pedro Sánchez en Bruselas es demasiado optimista tanto en su previsión de ingresos como en la de gastos.
La Seguridad Social vive en déficit desde 2011. Aquel año, el desequilibrio de sus cuentas alcanzó el 0,05% del PIB. La destrucción de empleo provocada por la crisis, unida a la caída de los salarios y el imparable aumento del número de pensiones, ha ido deteriorando su situación de forma progresiva.
