El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado tramitar, por haberse presentado fuera de plazo, el recurso de apelación de la Abogacía del Estado contra su decisión de archivar la investigación a Mario Conde por el supuesto blanqueo de 13 millones de euros repatriados desde Suiza en los últimos 15 años y que procederían, según Anticorrupción, de las arcas de Banesto.
La Fiscalía recurrió en apelación el pasado 5 de noviembre el auto de archivo de las actuaciones, pero los Servicios Jurídicos del Estado (que defienden los intereses de Hacienda en relación a los delitos fiscales que se imputan al ex banquero) no lo hicieron en el plazo estipulado, sino que incorporaron sus alegaciones en un escrito remitido a la Audiencia Nacional el pasado 19 de noviembre en el que se adherían a los argumentos de la Fiscalía «por motivos independientes».
La Abogacía del Estado esgrimió a Pedraz el artículo 861 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que permite a las partes que no hayan recurrido adherirse al recurso de casación presentado por otras (en este caso, la Fiscalía) «alegando los motivos que le convengan», lo que abre la puerta a la presentación de «un recurso propio e independiente». Consciente de que esta posibilidad no está prevista expresamente para el recurso de apelación, solicitaba al instructor su aplicación analógica.
La defensa de Alejandra Conde, hija del ex presidente de Banesto, se quejó al juez de que la Abogacía pretendía en realidad interponer un recurso encubierto una vez expirado ya el plazo para interponerlo.
En una providencia del pasado viernes, Pedraz acoge ese argumento y recuerda a los Servicios Jurídicos del Estado que esa vía solo cabe «en apelaciones de la Ley del Jurado», por lo que «no nos encontramos en supuesto aplicable». Así, el magistrado aclara que únicamente remitirá a la Sala de lo Penal de la Audiencia (la encargada de revisar las decisiones de los jueces de instrucción) la adhesión de la Abogacía al recurso de la Fiscalía, «sin que sean admisibles los motivos independientes alegados».
De esta forma, la Sala de lo Penal sólo valorará los argumentos del Ministerio Público para sopesar si confirma o no la decisión de Pedraz de archivar la causa el pasado 24 de octubre, frente a las peticiones de las defensas de los acusados de que ratifique el sobreseimiento de la investigación que llevó a Conde a prisión en abril de 2016.
La Abogacía enumera en sus alegaciones, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, hasta una veintena de diligencias pendientes, entre ellas la práctica de diez comisiones rogatorias (solicitud de auxilio judicial a otros países) y reclama al magistrado «una mayor depuración investigadora que agote, al menos, las diligencias de investigación acordadas» antes de decidir sobre un archivo que considera «prematuro».
Tres investigados sin declarar
La abogada del Estado Eva María Fernández Cifuentes se queja en el escrito de que no se han cumplimentado las comisiones rogatorias cursadas a Suiza, Alemania, Reino Unido y Luxemburgo (en abril de 2016 y, de nuevo, en febrero del pasado año), que entre otros objetivos buscaban esclarecer los movimientos bancarios en Credit Suisse de una de las empresas que habría utilizado el ex banquero para repatriar 5,7 millones entre 2008 y 2013, Galloix Holding, y los correspondientes a otra cuenta de los hijos de Conde, Alejandra y Mario, también investigados, ésta en la entidad CBP Quilvest.
De Reino Unido, asegura, aún no ha llegado la información solicitada por el juez a Barclays Bank PLC Londres para esclarecer «el origen de los fondos transferidos a mercantiles vinculadas al entorno de Mario Conde», en este caso Mayfield Business, Dryset Ltd. Y Higher Production. Una diligencia, recuerda la Abogacía, que el propio instructor consideró –en una providencia del 6 de noviembre del pasado año– «útil para poder cerrar y concluir esta investigación».
Asimismo, asegura que se ha cerrado la causa sin tomar declaración a tres investigados –uno de ellos Girish Ramchand Ajoomal, el supuesto testaferro utilizado para transferir el dinero a una de las empresas de Conde en España, Black Royal Oak– y cinco testigos. Por último, se queja de que no se ha analizado el material informático intervenido a los investigados en febrero y marzo del pasado año ni se ha llevado a cabo el informe pericial de la documentación tributaria por parte de dos peritos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). Hasta ahora, lamenta, solo se han realizado informes de avance de carácter «meramente provisional, no definitivo».
