La plantilla de la Administración General está en mínimos históricos desde 2002. A día de hoy, el Estado cuenta con poco más de 200.000 funcionarios, el nivel más bajo desde que existe registro. Sólo en los últimos ocho años, la Función Pública ha perdido 38.835 empleos, el equivalente a 20 puestos de trabajo al día. La situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que se aproxima una avalancha de jubilaciones en los próximos cinco años, procedente de la generación del “baby boom”. Ante este escenario de incertidumbre e inestabilidad del sistema, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que se incluya en la agenda política un nuevo plan de mejoras laborales y de modernización del modelo de administración.
El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha presentado las principales preocupaciones de los empleados públicos, recogidas en una encuesta elaborada por el sindicato a cerca de 15.000 funcionarios. Entre los problemas más frecuentes se encuentran las retribuciones, la falta de carrera profesional, el estrés, la carga de trabajo, la jornada laboral, los problemas de conciliación o la estabilidad en el empleo. El sindicato ha asegurado que si no se toman medidas dirigidas a resolver estas preocupaciones, la Administración General del Estado “morirá de inanición”.
CSIF considera que el nuevo escenario económico que se abre en España tras su salida del procedimiento de déficit excesivo de la Comisión Europea permite diseñar el nuevo plan de mejoras laborales y de modernización que reclaman. El sindicato de funcionarios reclama que, entre las medidas, se incluya la equiparación salarial entre administraciones y la recuperación de la estructura salarial previa a la bajada de 2010. Entre sus exigencias más importantes se encuentra la eliminación de la brecha salarial, el desarrollo de protocolos contra el acoso y la violencia de género, y que el permiso de paternidad se extienda a 20 semanas en 2020 (actualmente está fijado en 8 semanas).
Además, reclama que la jornada sea de 35 horas semanales, profesionalizar la administración y garantizar su independencia, reforzar las competencias del Estado y los mecanismos de inspección, así como blindar los servicios públicos para evitar nuevas privatizaciones y garantizar que se destine hasta un 7% del PIB a financiar la educación y la sanidad.
