La Seguridad Social cerrará este año con un agujero de más de 19.000 millones de euros y para 2019 el déficit apunta a batir todos los récords, superando de largo los 20.000 millones. Los últimos compromisos de los distintos Gobiernos de mejora de las prestaciones están disparando el gasto muy por encima de los ingresos del sistema y la previsión es que vaya a peor. Este desfase, unido a una población cada vez más envejecida, está comprometiendo la sostenibilidad de las pensiones en España, al mismo tiempo que los organismos internacionales presionan al Ejecutivo para que no ceda antes las demandas de los pensionistas.
El FMI y la OCDE instan a que nuestro país vuelva a desvincular las pensiones del IPC y que el sistema tenga en cuenta la esperanza de vida, en línea con el llamado «factor de sostenibilidad» implantado por Mariano Rajoy en 2013 para contener el gasto en pensiones. Una tesis similar plantea la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en un documento presentado ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso, y al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Ante una situación de «déficit estructural» de la Seguridad Social, el organismo está obligado por ley a presentar propuestas de reforma del sistema, cuyas líneas principales están contenidas en este documento.
La AIReF considera que la Seguridad Social presenta una situación de déficit estructural con origen en la crisis y que se arrastra desde entonces. Por este motivo, «se haría innecesario el diseño de medidas finalistas orientadas a corregir el problema a corto plazo» y señala que «el Pacto de Toledo debería centrar sus esfuerzos en el reto que se plantea a medio y largo plazo». En este sentido, señala que «basándonos en el contexto nacional y la experiencia internacional, la profundización en las reformas paramétricas de 2011 supone la solución más viable». En concreto, propone una reforma centrada en un retraso en la edad efectiva de jubilación y una ampliación del periodo de la carrera de cotización. Además, incide en la necesidad de separar las fuentes de financiación del sistema, sacando de la Seguridad Social gastos que no están estrictamente unidos a las pensiones, como el propio funcionamiento del organismo o la formación de trabajadores, que se financiarían a través de los Presupuestos. «Es factible cerrar el déficit mediante el traspaso de recursos desde otras partes de la administración, alejando el foco mediático del sistema de pensiones», dice la AIReF. Propone también aumentar el tipo de cotización por contingencias comunes, compensado con una reducción del tipo de cotización por desempleo, que asumiría el Estado.
En estos momentos, el gasto en pensiones supone el 10,7% del PIB, pero para 2048 se prevé que sea el 13,5%, con aumentos del déficit del sistema del 2,8%. La AIReF apunta a que la revalorización de las pensiones al 0,25% anual, frente al 1,9% de este año, permitiría contener el gasto en 2,1 puntos porcentuales. Esto supondría un ahorro de más de 25.000 millones de euros al año y reduciría el alza del déficit al 0,7%. Aumentando la edad efectiva de salida del mercado laboral hasta los 66 años, se ahorrarían otros 7.000 millones, mientras que elevar la carrera de cotización desde los 25 años actuales hasta 35 años supondría casi 6.000 millones de euros de ahorro.
