España debería de alcanzar el objetivo del 60% de deuda pública respecto a su PIB en 2020. Así al menos lo refleja la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que modificó el artículo 135 de la Constitución en la reforma de la Carta Magna de 2011 para consolidar que, por encima de cualquier otro gasto en los Presupuestos Generales, el Estado debía de buscar la estabilidad presupuestaria y priorizar la liquidación de la deuda. Sin embargo, esta meta quimérica del 60% es «inalcanzable», como admitió ayer el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, quien reprochó a las formaciones políticas su falta de «compromiso firme» con la sostenibilidad presupuestaria y demandó alejar este sacrosanto deber del debate «partidista».
Escrivá recordó que el endeudamiento de España creció 40 puntos desde su entrada en la unión monetaria, pasando de alrededor de un 60% de ratio de deuda en relación al PIB al actual nivel cercano al 100%, muy lejos del objetivo para 2020 de volver a ese «razonable» 60%, por lo que señaló que España es «muy vulnerable» ante posibles subidas de los tipos de interés o incrementos en el gasto por el envejecimiento de la población.
Durante su intervención en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, el responsable del organismo fiscal, cuyo máximo objetivo es la sostenibildad de la deuda pública, remarcó que «lo que ocurre es que llevamos instalados en un déficit estructural del 2% desde hace varios años» y que «no estamos convergiendo hacia la estabilidad presupuestaria que nos exigen las normas comunitarias». «Tenemos pendiente una consolidación adicional que nos lleve a reducir la deuda para que nos evite sustos en el futuro», agregó.
Unos sustos que no alejan los Presupuestos Generales de Estado presentados el pasado lunes en el Congreso de los Diputados, según explicó Escrivá. En su opinión, tras un esfuerzo «muy grande» de reducción de déficit en los últimos años, hay «cierta fatiga». A este respecto, subrayó que estas cuentas dejan «pendiente» una consolidación adicional del desajuste que permita reducir la deuda hacia niveles más confortables que favorezcan a España ganar credibilidad en los mercados financieros.
España ha registrado un aumento permanente del endeudamiento púlico en casi 40 puntos de PIB, dos puntos porcentuales por año, desde la adopción del euro como divisa, lo que sitúa a las cuentas del Estado 40 puntos por encima de la senda de sostenibilidad. La deuda de España concluirá este año en el 95,4% del PIB, según las estimaciones del Gobierno.
Asimismo, Escrivá se refirió al ámbito territorial, en el que pidió un «reforzamiento institucional» que evite una bilateralidad que favorece los intereses partidistas y la opacidad. «Frente a la reivindicación continua del autogobierno, hay que identificar y propiciar ámbitos de gobierno compartido». A este respecto, demandó revisar el problema de sostenibilidad de la deuda de las comunidades autónomas y abordar, entre otras cuestiones, la reforma de los sistemas de financiación autonómica y local, «asegurando la correspondencia entre financiación y competencias».
Para la AIReF, los ayuntamientos no están mal dotados en cuanto al gasto que ejecutan, especialmente teniendo en cuenta las competencias que tienen establecidas, y ve una «prioridad» que los ayuntamientos aumenten el gasto, frente al problema de algunas regiones infrafinanciadas o de la propia Seguridad Social. Ante este escenario, el organismo ve dos posibles soluciones. La primera pasa por reducir el nivel de financiación del Estado a los ayuntamientos, ya que de 20.000 millones de euros transferidos por el Estado a las entidades locales, unos 7.000 terminan en bancos. La segunda propuesta es cambiar el nivel de competencias de los ayuntamientos, de forma que se amplíen y lleguen a un acuerdo con las comunidades autónomas, puesto que, por ejemplo, las regiones no llegan a cubrir las cuestiones relativas a la Dependencia, que presenta una lista de espera de 300.000 personas, o a la renta mínima. «La solución es redefinir el perímetro competencias de los ayuntamientos en el ámbito asociativo», concluyó.
Por último, sobre el gasto farmacéutico, que está evaluando la AIReF, Escrivá consideró que la Sanidad no aparecerá «en ningún caso» como un sector a ser penalizado en las cuentas públicas.
