La renta mínima propuesta por los sindicatos no es eficiente. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ideada por CC OO y UGT reduciría la pobreza en un 28%, pero tendría un elevadísimo coste fiscal de 7.200 millones de euros, según estima el informe “Los Programas de Rentas Mínimas en España”, elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La receta del organismo presidido por José Luis Escrivá sería una renta mínima estatal del 80% del IPREM (algo más de 430 euros) para los hogares más pobres, con un complemento por hijo a cargo de 1.200 euros año, hasta un máximo de tres hijos.
La AIReF pide que este ingreso para paliar la desigualdad sea estatal y compatible con el empleo. De esta forma no se desincentivaría la entrada en el mercado laboral de los parados de larga duración, algo que sí ocurriría con la propuesta de los sindicatos, reduciría la tasa de pobreza severa un 60,4% y tendría un coste fiscal de 5.500 millones, que se reduciría en 2.000 millones por la supresión de duplicidades con otros programas de protección. En total, el coste se situaría en 3.500 millones, lo que supone una rebaja del 51,3% (3.700 millones de euros). La propuesta de la Autoridad Fiscal beneficiaría a 1,8 millones de hogares, frente a los 1,1 millones de la ILP inicial.
No obstante, el coste es lo bastante “significativo” como para enmarcar la puesta en marcha del sistema en una estrategia fiscal a medio plazo que asegure la sostenibilidad de las administraciones públicas. Hay que tener en cuenta que el déficit estructural es superior a 2 puntos del PIB y el nivel de deuda está próximo al 100% del PIB.
Junto al menor coste, el organismo también ha destacado que sus alternativas reducen en mayor medida el porcentaje de pobreza extrema en España, que se sitúa actualmente en el 6,9 %, la segunda mayor tasa de la Unión Europea solo por detrás de Rumanía.
La AIReF considera que para solventar los problemas de diseño del plan original sería necesario establecer como requisito principal para el acceso a la prestación la renta del hogar, pero focalizando la ayuda en la pobreza severa. Además, sugiere eliminar los requisitos de estar inscritos en el SEPE; simplificar el sistema de rentas, eliminando el solapamiento entre las ayudas de diferentes administraciones; y establecer la obligación de estar inscrito en la Agencia Tributaria para agilizar trámites y reducir el riesgo de fraude.
