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La comunidad autónoma que se niega a aplicar el límite al alquiler de Sánchez: «Es lo que se hace en Cuba»

El Gobierno de Pedro Sánchez recogió en su Ley de Vivienda una regulación de los precios del alquiler, la cual afectará a aquellos inmuebles que se encuentren en las denominadas áreas tensionadas, ya sea tanto para grandes como pequeños propietarios, así como para contratos de inmuebles que ya se encuentran en el mercado de alquiler y para nuevos. Por el momento, la única región que se ha acogido a esta medida ha sido Cataluña, que solicitó que se declare área tensionada a una zona que incluye 140 municipios. Además, Asturias y Navarra, así como algún municipio vasco, han expresado de manera verbal su interés en el índice de precios de referencia planteado para el mercado del alquiler (el cual no establece una renta única, sino un rango donde se recogen las diferentes características de las viviendas).

Sin embargo, su vecina Cantabria no parece querer tomar la misma senda. De hecho, desde el Gobierno de la región (PP) ya han adelantado que no aplicarán «bajo ningún concepto» esta regulación de precios del alquiler, puesto que consideran que tiene «el efecto contrario» al deseado. Además, el intento de regular así el mercado es algo que, según han expresado, se hace en países «comunistas».

Así, durante una rueda de prensa ofrecida en la sede del Ejecutivo regional para presentar el despliegue del quinto contenedor, el consejero cántabro de Fomento, Roberto Media, ha afirmado que «es lo que se hace en Cuba y en otros muchos sitios parecidos». Según Media, el mercado «no se puede regular» y asegura que el Gobierno nacional está impulsando decretos «ideológicos», los cuales, en su opinión, conducen «a todo lo contrario de lo que se dice que pretenden».

Para argumentar esta idea, el consejero del PP ha indicado que en aquellas ciudades en las que se ha aplicado este tipo de medidas «al final han tenido que quitarlas», refiriéndose a los casos de Barcelona o Berlín, a modo de ejemplo. En esta línea, ha añadido que «el mercado no se puede regular. Bueno, en un país comunista seguramente sí. Igual algunos de los ministros que están en este Gobierno nos quieren llevar a pensar que vamos a regular el mercado como en Cuba».

Para Media, «si tengo mi vivienda, tendré derecho a cobrar lo que me dé la gana. Será el mercado el que lo regule». En la opinión del consejero, se tendrán que tomar medidas en la Administración, tales como la creación de viviendas sociales, en vez de lo que ha definido como «cargarle esa responsabilidad cuando no ejerces tus obligaciones al ciudadano». También propone conceder «garantías» para que pongan en alquiler sus viviendas vacías.

Frente a las críticas hacia el Gobierno y sus medidas, Media ha querido aprovechar para poner en relieve algunas medidas puestas en marcha por el Gobierno del PP en Cantabria, tales como un plan que contempla la construcción de casi 300 viviendas en régimen de alquiler social, la intención de impulsar una nueva Ley de Vivienda que haga frente a los «okupas« o su propósito de recuperar el Plan Moviva, con el fin de promover que los propietarios alquilen sus inmuebles vacíos. Se trata de un plan ideado por el anterior Gobierno cántabro de PRC-PSOE y que, en palabras de Roberto Media, «en sí era bueno» pero hay que mejorar, puesto que únicamente, tal y como ha dicho, se acogieron a él siete viviendas en un año. «Algo está fallando», ha puntualizado.

En cuanto a los socialistas, Media ha dicho que «tienen una tendencia a que lo que no hace el Gobierno, se lo obligamos a hacer a los ciudadanos». También les ha criticado por no haber hecho en Cantabria «ni una sola vivienda pública en cuatro años» o por redactar una ley que, según él, «pretendía incluso expropiar a aquellos ciudadanos que tienen su vivienda cerrada». En este sentido, el consejero del PP ha defendido que «si un ciudadano ha adquirido una vivienda, la ha heredado, la ha comprado, ha pagado sus impuestos honradamente, sería bueno que saliera al mercado, pero lo que no podemos es imponer que salga al mercado esa vivienda desde el Gobierno», a lo que ha añadido que algunos prefieren tenerlas cerradas por «miedo a que se meta un okupa». Igualmente, ha propuesto proporcionar más medios para poder «echarles de una forma rápida y legal» ya que, tal y como ha sentenciado, «por desgracia, desde que el señor Sánchez llegó a la Moncloa, hemos visto que la legislación se ha hecho en sentido distinto».

Para este argumento del problema de los okupas, Media ha expuesto como ejemplo el caso de ocho viviendas en Argoños que se encontraban afectadas por sentencias de derribo y en las que, según ha dicho, «se han metido un montón de okupas». Por ello, ha lamentado que «la Administración de Justicia y la Administración de la comunidad autónoma echaron a sus legítimos titulares de esas casas y ahora somos absolutamente incapaces de echar a los okupas, ¿alguien me puede explicar esto?». Bajo el criterio de Media, «nadie tiene una vivienda vacía pudiéndole sacar un rendimiento, salvo que crea que el riesgo es mayor».