La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias de investigación penal para determinar si la empresa FCC Servicios Ciudadanos ha incurrido en los delitos de estafa y falsificación documental al haber manipulado datos de la gestión de los servicios de limpieza y recogida de residuos en Barcelona, según ha hecho público el ministerio público hoy a través de un comunicado.
La actuación de FCC habría reportado a la empresa, solo en 2014, unos ingresos supuestamente ilícitos de unos 800.000 euros en 2014, según una investigación llevada a cabo por EL PAÍS. La decisión de la Fiscalía llega después de la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Barcelona, que tuvo conocimiento de los hechos a través de este diario.
La fiscal Teresa Duerto considera que según la denuncia presentada por el Consistorio, la información publicada por este diario el pasado miércoles y el contenido de varios correos electrónicos del caso, podrían haberse cometido hechos que podrían revestir en principio los caracteres de «delito continuado de falsedad documental y de estafa».
La fiscal da ahora 15 días al Ayuntamiento para que le entregue el contrato suscrito con FCC, toda la documentación de los datos de la marcha de los servicios que FCC tenía obligación de comunicar al Consistorio —en base a los cuales se facturaban estos servicios— y los resultados de la investigación interna llevada a cabo por el Ayuntamiento tras conocer los hechos a través de este diario. La Fiscalía también solicita a EL PAÍS que aporte la documentación en su poder sobre el caso.
