Las consecuencias de los ataques que desde hace tiempo sufre el sector del automóvil no están saliendo gratis y las primeras reducciones de empleo comienzan a vislumbrarse en varias de las fábricas en España. Es la consecuencia lógica de varios datos económicos encadenados, como pueden ser el descenso del 11% en las matriculaciones del pasado año, una bajada del 1% en la producción total de automóviles fabricados en las plantas establecidas en España y una caída casi imparable en las matriculaciones de vehículos diésel. La combinación de estos y otros factores dan como resultado la pérdida de empleos en nuestro sector industrial más potente.
Nissan, Iveco, Mercedes Ford… son varias las marcas con plantas de producción en España que están preparando ajustes de plantilla de distintas categorías para poder afrontar la crisis en el sector. Quizá todo empezó el día que la ministra Teresa Rivera pronunció la célebre frase de «los días de los motores diésel están contados». Un comentario que hizo desplomarse las ventas de automóviles con esta motorizacición, ya que las declaraciones de esta ministra del Gobierno de Pedro Sánchez venían a unirse a la guerra contra el automóvil que están protagonizando algunos ayuntamientos de extrema izquierda, que restringen la libertad de circulación de determinados vehículos. Unas dudas sobre la legislación futura que han creado incertidumbre en el comprador de coches, con lo que las ventas se han desplomado.
Y este descenso del mercado nacional no ha podido compensarse con un incremento de las exportaciones, ya que algunas circunstancias del comercio exterior, como por ejemplo el Brexit, han provocado que se hayan estancado las ventas en el extranjero de este sector claramente exportador.
Nissan recorta en Cataluña
La primera de las reducciones de empleo que se esperaban se concretó ayer en Nissan, cuando la dirección de la planta de la Zona Franca de Barcelona planteó a los sindicatos una reducción de entre 400 y 500 empleos. Según la dirección, es un intento de recuperar los índices de competitividad de esta factoría, que está teniendo unos índices de producción muy bajos. En la actualidad, Nissan cuenta con una plantilla de unos 3.300 trabajadores y esta reducción de personal se llevará a cabo a través de un plan de bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas para que sea lo menos traumático posible.
Porque la realidad de la planta española de Nissan es preocupante, ya que cuenta con una capacidad de producción de 200.000 unidades y cerrará el año fiscal japonés, que termina en marzo, con una cifra de fabricación de sólo 70.000 unidades. Y las previsiones para el siguiente ejercicio son que se produzca un nuevo descenso de producción de otros 10.000 vehículos, con lo que se situaría en menos de un tercio de su capacidad real.
El futuro de medio y largo plazo tampoco es muy optimista. Tras el cese de producción de los modelos Pulsar y Evalia en el ejercicio pasado, la planta catalana perdió asimismo la posibilidad de fabricar un nuevo vehículo, el monovolumen NV200. Esta falta de actividad repercute en otras instalaciones de la marca en España, como es el caso de las instalaciones de Los Corrales de Buelna, en Cantabria, especializada en la fabricación de piezas de repuesto. En este caso, además de la merma de pedidos desde Barcelona, se une la bajada de producción de la fábrica Sunderland, en Gran Bretaña, cuya producción cayó asimismo un 10% por culpa del Brexit. Mientras, en las instalaciones de Ávila, se ha anunciado el cese de fabricación de los dos camiones que se ensamblaban allí.
La situación en Nissan puede marcar el camino que quizás vayan a seguir otras empresas del sector. Podría ser el caso de, por ejemplo, la fábrica Mercedes en Vitoria, que cerró el año con una bajada de producción de unas 15.000 unidades y podría plantearse un ERTE en el futuro, igual que Iveco en Madrid. La planta de Ford, en Almusafes, ha perdido la fabricación de la nueva generación de las furgonetas Connect, aunque se mantiene el Kuga, y en PSA de Vigo se estudia algún tipo de flexibilidad laboral para adaptar la producción a la demanda, que podría afectar a unos 900 empleados.
