La presión financiera sobre los Gobiernos de las grandes economías crece al mismo ritmo que lo hace la inflación y los tipos de interés, las dos principales preocupaciones del Banco Central Europeo y su política monetaria. Todos esto elementos han propiciado que los costes de financiación de las nuevas emisiones de deuda pública en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se hayan multiplicado por más del doble desde 2021 y que estos costes hayan aumentado más rápido y con más peso que en las tres últimas crisis financieras. De este modo, los países desarrollados necesitan pagar más por el dinero prestado en los mercados financieros de lo que lo habían hecho tras el estallido de la burbuja de las «puntocom», al final del siglo XX, de la crisis de las hipotecas subprime, con el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 y tras la crisis pandémica de 2020.
Según el último informe publicado por la OCDE sobre la deuda pública de los países desarrollados, que analiza los riesgos en las emisiones de bonos soberanos -aquellos con los que los gobiernos financian el gasto público que cubren con su propio Presupuesto-, las necesidades de financiación -que habían iniciado una curva descendente desde el máximo histórico alcanzado con la pandemia- han vuelto a despegar en lo que va de año, por el impulso de los tipos y la presión inflacionaria, que empujarán estos costes este año hasta un 6%, para un total de 12 billones de euros, frente a los 11,3 billones de 2022. Además, espera que las necesidades netas de endeudamiento aumenten en 2023 a 9,8 billones de euros, desde los 9,4 billones de euros de 2022.
Esto ha provocado que los países de la Organización se enfrenten a un vencimiento de deuda por importe de 21,3 billones de euros durante los tres próximos años. Por ello, la OCDE advierte de que los costes de endeudamiento para los emisores soberanos «se han más que duplicado» en poco más de dos años, con un encarecimiento del rendimiento promedio de los bonos soberanos en el momento de la emisión desde el 1,4% en 2021 al 3,3% en 2022, con previsión de que «aumenten aún más en el corto plazo», por lo que advierte que los países de enfrentan a un «riesgo elevado de refinanciamiento», que obligará a muchos gobiernos a «gastar una mayor proporción de sus presupuestos a pagar la deuda» y a tener que afrontar «mayores restricciones fiscales en los próximos años».
No obstante, a pesar de que el nivel de deuda pendiente de la OCDE ha aumentado en términos nominales, se ha registrado una caída en relación al PIB, bajando al 83% estimado en 2022, frente al máximo del 90% en 2020, y se prevé que la proporción se mantenga relativamente estable en 2023, pero todavía estaría casi 10 puntos porcentuales por encima de los niveles previos a la pandemia.
Según detalla la OCDE, entre 2021 y 2022 los tipos de interés de referencia de los bancos centrales aumentaron entre el 0,8% al 5,3%, dando muestras de las divergencias entre los países miembros. En los «emergentes» y en los europeos que no pertenecen a la zona euro, el encarecimiento del precio del dinero fue mucho más fuerte que en el resto, con especial incidencia en Hungría, donde subió hasta el 13% en diciembre de 2022 (frente al 0,6% de mínimo en el periodo 2021-2022), en Colombia hasta el 12% (frente al 1,8%), en Chile hasta el 11,2% (frente al 0,5%) y en México hasta el 10,5% (frente al 4%). En contraste, las subidas de tipos de los bancos centrales de la zona euro fueron mucho más moderadas del 2,5% en diciembre de 2022 comparado con el 0% en 2021.
Según detallan los analistas de la Organización, el creciente volumen de deuda pendiente supone una mayor necesidad de refinanciar la deuda a costa de mayores tasas de interés, lo que podría «agregar tensiones a los presupuestos fiscales», que en combinación con la menor liquidez del mercado, podría causar «que los rendimientos sean más volátiles y sensibles a turbulencias» y a las tensiones geopolíticas, sobre todo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero de 2022, que ha provocado una gran incertidumbre en la economía global. Todo ello ha tenido una repercusión directa en el interés que los Estados tienen que pagar por las nuevas emisiones. Así, el volumen de títulos soberanos adjudicados a tipos negativos disminuyó del 17% en 2021 al 8% en 2022 y los plazos de vencimiento medio de la deuda han estado prolongándose en los últimos años y alcanzaron un récord histórico de ocho años y dos meses en 2022, lo que supone dos años más que en 2012. Pese a ello, un 47% del total tendrá que ser reembolsado o su tipo de interés renegociado antes de finales de 2025.
