La justicia francesa decide hoy sobre el futuro de Christine Lagarde

La Corte de Justicia de la República ha convocado a las partes a las tres de la tarde de este lunes para dar a conocer su veredicto. A la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, se le ha juzgado por negligencia con desvío de dinero público. En caso de condena, su puesto en el organismo internacional estaría en peligro. Pero Lagarde tiene muchos puntos a su favor: el delito de negligencia es difícil de demostrar, el fiscal ha pedido la absolución y el tribunal que la juzga, especial para aforados, suele ser benevolente con los encausados.

Con el veredicto de hoy, para bien o para mal, se terminan cinco años de proceso judicial contra Christine Lagarde en su propio país. Una condena sería letal. La cuestión que se le plantearía al FMI es si puede renovar el mandato, como prevé, al frente de la institución a una gestora cuya negligencia permitió hace ocho años un desvío de fondos públicos de 403 millones de euros cuando ella era ministra de Economía. El beneficiario, el empresario Bernard Tapie, amigo del entonces jefe de Lagarde, el expresidente Nicolas Sarkozy.

El jefe de la redacción de Libération, Laurent Joffrin, aventura hoy una hipótesis que está en la cabeza de muchos franceses: Sarkozy, que se sirvió del apoyo de Tapie para ganar las presidenciales de 2007, habría sido favorable a un arreglo para que su amigo se resarciera con dinero público y pudiera abandonar el largo contencioso comercial que mantenía con la entonces entidad pública Crédit Lyonnais. Lagarde habría actuado, por tanto, dejando hacer y colmando los deseos del Elíseo y de Tapie. Pero no hay pruebas penales sobre ello y, por el contrario, Christine Lagarde, que ha acudido cada día a sentarse en el banquillo de los acusados, ha mantenido siempre su exclusiva responsabilidad sobre las decisiones tomadas y ha alegado desconocer los lazos existentes entre Sarkozy y Tapie. Por difícil que sea de creer, su declarada ignorancia acerca de posibles connivencias (su director de gabinete, Stéphane Richard, también era amigo del empresario) también le protegen.

El fiscal Jean-Claude Marin ha pedido la absolución. Considera que Lagarde pudo cometer un error político, pero no un delito penal. La naturaleza de la Corte de Justicia de la República (CJR) es otro factor que favorece las expectativas de la directora gerente del FMI. La CJR es un tribunal especial que solo juzga a aforados por presuntos delitos cometidos en el marco de sus funciones. Ha actuado muy pocas veces en los últimos sesenta años y es una estrambótica mezcla de poder legislativo y judicial. Solo tres de los quince jueces que hoy se pronuncian en el caso Lagarde son magistrados. Los otros doce son parlamentarios elegidos en sus respectivas cámaras (Asamblea Nacional y Senado) por sus pares. El resultado: seis diputados y seis senadores. En términos ideológicos: seis socialistas (o asimilados) y cinco conservadores y un centrista. Juzgan a uno de los suyos, un político en el ejercicio de su cargo. El voto de hoy es secreto y bastará con que ocho se pronuncien a favor o en contra para decidir la absolución o la condena. Esta última, en términos legales, es pequeña: un año de cárcel (probablemente con suspensión de pena) y 15.000 euros de multa.

Lagarde se ha presentado como víctima de unos manejos que se hicieron en su ministerio, pero a sus espaldas.

Christine Lagarde fue la responsable de un macroministerio (Economía, Finanzas, Industria y Empleo) entre 2007 y 2011, año en el que fue nombrada directora del FMI para sustituir a su compatriota Dominique Strauss-Kahn, que tuvo que dimitir por un escándalo sexual. Al poco de aterrizar en el ministerio, Lagarde dio luz verde a un arbitraje privado para terminar con el contencioso que enfrentaba a Tapie con el Crédit Lyonnais. A pesar de que la justicia ya se había pronunciado en contra de las aspiraciones millonarias de Tapie, el arbitraje se puso en marcha y terminó nueve meses más tarde en el seno del ministerio de Lagarde con una compensación para el empresario de 403 millones de euros. La justicia anuló el año pasado la adjudicación e instruye ahora una causa penal por estafa contra los principales actores de aquel arbitraje; entre ellos, el que fue director de gabinete de Lagarde, Stéphane Richard, hoy presidente ejecutivo de Orange, y uno de los tres árbitros elegidos, Pierre Estoup, que resultó ser amigo de uno de los abogados de Tapie.

En caso de absolución, la CJR habrá dado por buena la línea de defensa de Lagarde, que, visto el desarrollo y los datos posteriores de este escándalo, se ha presentado como víctima de unos manejos que se hicieron en su ministerio, pero a sus espaldas. “Contemplé todos los riesgos de la operación, pero nunca el de la estafa”, declaró el viernes pasado en el último día de vista de una semana particularmente dura para la directora del FMI. Sentada en el banquillo de los acusados, sus correligionarios conservadores no le han arropado con su presencia.

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