La nueva ley hipotecaria, a examen: ¿cómo la valoran los actores del mercado financiero?

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La AHE ve positiva la propuesta, con algún matiz

Desde la Asociación Hipotecaria Española, una organización formada por entidades financieras, patronales de la banca y empresas relacionadas con el sector inmobiliario, consideran que la aplicación de la nueva ley será positiva si “se consigue reducir la incertidumbre y la excesiva judicialización a la que está sometido el préstamo hipotecario”.

En cuanto a las posibles consecuencias de su promulgación, la AHE cree que todavía es pronto para afirmar que la norma provocará un encarecimiento de las hipotecas. Según esta organización, “algunas medidas implican más costes para las entidades financieras”, pero estos podrían ser absorbidos por los propios bancos debido a “la fuerte competencia de nuestro mercado hipotecario”. Asimismo, desde la asociación tampoco prevén una subida de las comisiones, que defienden que “responden a servicios concretos y nunca a compensaciones de otros costes”.

Sin embargo, la Asociación Hipotecaria Española considera que la nueva ley se queda algo corta en un aspecto fundamental: el de los gastos de constitución de las hipotecas (notaría, gestoría, registro, impuestos, etc.). En concreto, desde la AHE manifiestan que “hubiera sido deseable que el proyecto de ley aclarase el reparto de los gastos de formalización”, un tema sobre el que los propios tribunales no se ponen de acuerdo.

Para ASUFIN, la nueva ley llega tarde y con lagunas

Más crítica se muestra la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN). Consultada por el comparador HelpMyCash.com, su presidenta, Patricia Suárez, afirma que el Ejecutivo “llega una vez más tarde a la trasposición de una directiva” (el plazo máximo dado por la Unión Europea vencía en marzo de 2016) y que las medidas propuestas, más que proteger a los consumidores, “pretenden blindar a la banca”.

Por ejemplo, ASUFIN considera que el asesoramiento jurídico gratuito dado en la notaría antes de la firma será insuficiente, pues también sería necesaria una evaluación económica de las consecuencias de firmar una hipoteca, algo que, a juicio de Suárez, “no lo pueden hacer los notarios”. La presidenta de la organización también echa de menos “medidas de reestructuración de la deuda que impidan la ejecución” si el hipotecado no puede hacer frente a las cuotas.

De hecho, los desahucios llevados a cabo tras una ejecución hipotecaria han sido (y todavía son) uno de los grandes dramas de la recesión económica. Según el Banco de España, entre los años 2012 y 2015 hubo 177.900 casas o pisos entregados por no poder pagar la hipoteca, de los que 143.800 eran vivienda habitual.

Además, la máxima responsable de ASUFIN considera que falta como medida fundamental “la traslación completa de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la transparencia en las hipotecas”. También añadiría “un castigo a la concesión de préstamos irresponsables, es decir, que el prestamista otorgue préstamos a prestatarios que difícilmente van a poder devolverlos”, para mejorar la propuesta del Gobierno.

Los notarios aplauden el refuerzo de la transparencia

Finalmente, el comparador bancario HelpMyCash.com ha querido conocer la opinión de los notarios, uno de los colectivos que se verán más afectados por la aplicación de la nueva normativa. El Consejo General del Notariado (CGN) valora “de forma muy positiva” que la ley obligue a los consumidores a recibir asesoramiento gratuito en la notaría siete días antes de la firma, algo que estos profesionales ya ofrecen actualmente a los clientes que lo solicitan.

Asimismo, el Notariado cree que la nueva ley hipotecaria “potenciará la libre elección de los notarios” y que “incrementará la transparencia de la concesión de hipotecas”, lo que beneficiará a los consumidores. En ese sentido, desde el CGN destacan que, con las medidas presentadas por el Gobierno, esperan “contribuir a una mayor transparencia y seguridad jurídica” del proceso de contratación de estos préstamos. Recordemos que el proyecto prevé que los notarios levanten un acta gratuita en la que den fe de que el futuro prestatario comprende las condiciones de la hipoteca y las consecuencias de firmar el crédito.