La patronal catalana Fomento del Trabajo ha enviado una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le reclaman una mayor atención del plan a la política fiscal y tributaria “para minimizar el impacto de esta crisis en el tejido productivo”. Creen que el artículo 33 del real decreto contiene “medidas muy limitadas para la realización de pagos, liquidaciones practicadas de oficio y aplazamientos y fraccionamientos ya concedidos”. Critican abiertamente que la Agencia Tributaria no haya otorgado una moratoria a los plazos de presentación e ingreso de las autoliquidaciones ni a los plazos de presentación de las declaraciones informativas. Así se establece en el apartado 6 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Según la patronal catalana, la única medida aplicable a estas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones es el artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo. Este precepto, en relación con la situación previa a la crisis, permite solicitar y obtener en relación con aquellas cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde su entrada en vigor hasta el día 30 de mayo de 2020, el aplazamiento por seis meses de cantidades retenidas, repercutidas y de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades; sin que se devenguen intereses durante los tres primeros meses. Mantiene, por lo demás, el límite vigente con anterioridad a la pandemia, de 30.000 euros.
En su comunicado, la patronal incide en que el Gobierno “parece así olvidarse que, como ha manifestado reiteradamente el Tribunal Constitucional, los tributos, además de ser un medio para recaudar ingresos públicos, sirven como instrumentos de política económica general y para asegurar una mejor distribución de la renta nacional”. En este sentido, denuncian “la extravagancia de tener que pagar IRPF e IS del ejercicio de 2019, cuando el ejercicio de 2020 habrá, en muchos casos, bases imponibles negativas a compensar en el ejercicio de 2021 y siguientes”.
Por todo ello, Fomento del Trabajo propone que “debería combinarse, por un lado la presentación y pago de los tributos y, por otro, utilizarlos como mecanismo para otorgar directamente liquidez durante un periodo breve que facilite una caída de la actividad en V. De ahí, que ante esta situación, de forma temporal y excepcional, debería adoptarse la medida de aplazar por tres meses la presentación (o al menos el ingreso) de declaraciones y autoliquidaciones tributarias; con independencia de su importe y sujetos que la realicen; sin intereses. Y que la cantidad aplazada pudiera se fraccionada en los seis meses siguientes. Esta medida favorecerá, sin duda alguna, el mantenimiento de la cadena de pagos, de la tesorería de las empresas, del empleo y del consumo. Y permitirá una salida mucho más acelerada de la situación en cuanto la crisis se supere”, concluyen.
Foment del Treball ya pidió ayer la aplicación de nuevas medidas “excepcionales y de supervivencia” para los autónomos, como cotizaciones cero o el aplazamiento de pagos para el comercio, la restauración, la hostelería y los servicios, que representan unos 1.000 millones más de euros. Consideran los empresarios catalanes que las medidas aprobadas por el Gobierno son “positivas, pero insuficientes”, porque dejan fuera a más de 600.000 autónomos y pymes de los sectores del comercio, la hostelería y la restauración. Entre las medidas que reclama su presidente, Josep Sánchez Llibre, destaca la suspensión de cuotas y cotizaciones para los autónomos, la moratoria del pago de impuestos para el sector del comercio afectado por el cierre o por una importante reducción de sus ingresos y la consideración de pymes para las empresas de menos de 250 trabajadores. Además, considera que la liquidez del sistema solo se salvará si la financiación de los créditos corresponde en un 75% al Estado y en un 25% a la banca privada. El presidente de la patronal catalana cree que ante la temporalidad de la crisis es esencial que el acceso a la liquidez sea en el corto plazo, para dar oxígeno a la cadena de pagos. La patronal ha insistido en que se faciliten los ERTE por causa de fuerza mayor también para los establecimientos que, sin tener la obligación de cerrar, ven reducida drásticamente su actividad, la aplicación de la bonificación del 100 % de las cuotas a la Seguridad Social a todas las pymes y no solo a las que tienen menos de 50 trabajadores o la moratoria del pago de impuestos. Desde Foment se considera “estratégico y vital” para Cataluña el sector del comercio minorista, ya que representa 500.000 puestos de trabajo y más de 100.000 establecimientos.
