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La reducción de la jornada a tiempo parcial abre un nuevo enfrentamiento entre Díaz y el PSOE

Las relaciones entre los dos socios de Gobierno no pasan por su mejor momento, al menos en lo que respecta a medidas en materia laboral, que vuelve a abrir una brecha en la relación entre el PSOE y su socio de Gobierno, Sumar. La mecha la ha vuelto a encender el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras desvelar que Yolanda Díaz tiene la intención de llevar mañana al Consejo de Ministros la transposición de la directiva de condiciones de trabajo transparentes y fiables, pese a no haber consensuado un texto definitivo con el grupo socialista, que le ha hecho saber «sus claras discrepancias en algunos puntos de la norma», según confirmaron a este periódico fuentes socialistas.

Pérez Rey ha aprovechado la rueda de prensa posterior a la reunión con los agentes sociales por la reforma del subsidio por desempleo para anunciar que, aunque «no hay acuerdo» con el PSOE la medida irá al Consejo porque «consideramos fundamental impedir que las empresas puedan rebajar unilateralmente a los trabajadores a tiempo parcial su jornada y su salario». Trabajo pretende incluir esta medida aunque no esté reflejada en la orden comunitaria. «Para nosotros es esencial que en el marco de la transposición de esa directiva se incorpore una regla que, igual que se impide transformar unilateralmente por la empresa un contrato de tiempo completo a tiempo parcial o viceversa, impida rebajar la jornada o ampliarla con bajada del salario proporcional».

Según el secretario de Estado, lo que se pretende con este cambio legislativo es garantizar que el empresario que pretenda una rebaja forzosa de la jornada deba por ley consensuarlo con los trabajadores «y no por una imposición unilateral de la empresa, por muy importante que sea esa empresa. Es una regla firmemente defendida desde que hemos iniciado la tramitación de esta transposición y creemos que tiene que incorporarse necesariamente al texto final que finalmente traslademos a las Cortes Generales». La intención de Trabajo es que la empresa esté obligada a explicar cuándo, cómo y en qué condiciones van a trabajar sus plantillas a tiempo parcial, para evitar que «se les pueda someter a algo tan violento desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos como reducir unilateralmente su jornada con la bajada de salario proporcional».

Pérez Rey ha enviado un recado a los negociadores socialistas recordándoles que su equipo «lleva trabajando en la transposición de esta directiva al ordenamiento español desde hace tiempo para defender los derechos de los trabajadores y ha señalado que esto incluye el derecho a un periodo de prueba «con más garantías, sin que la negociación colectiva pueda ampliarlo más allá de los seis meses o los dos meses», que asentaría las bases de unas «reglas específicas para la contratación temporal y garantías para el tiempo parcial».

La Directiva 2019/1152 de condiciones previsibles y transparentes aporta garantías adicionales sobre la antelación con la que deben conocerse elementos como los días en los que debe desarrollarse la actividad laboral, la jornada de trabajo o la realización de horas complementarias en los contratos a tiempo parcial entre otros. Esta transposición va con retraso. Debería haberse trasladado a la normativa española el pasado del 1 de agosto de 2022.

Para el Ministerio, incluir reglas en esta directiva que impidan soslayar derechos de los trabajadores es «decisiva» y, aunque no hay por ahora acuerdo al respecto con el PSOE, Pérez Rey ha asegurado que va a trabajar para conseguirlo aunque, si pretende llevarlo mañana al Consejo de Ministros, el margen de maniobra es muy corto. A cierre de esta edición aún no se había llegado a ningún acuerdo entre los socios.