El Gobierno aún no ha recibido una respuesta oficial por parte de la Comisión Europea a su propuesta para evitar implantar los peajes en las vías de gran capacidad españolas a partir de 2024. Aunque algunos medios aseguran que el Ejecutivo ha alcanzado un acuerdo con Bruselas para excluir la medida de los compromisos que había adquirido España para recibir los fondos europeos Next Generation, fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aseguran que «como hemos explicado muchas veces, la voluntad del Gobierno es no aplicar ningún sistema de pago por uso. La Comisión está analizando nuestro planteamiento y hay una visión compartida que nos permite ser optimistas, pero aún no tenemos una respuesta oficial de la Comisión».
Ayer mismo, la titular de este departamento, Raquel Sánchez, aseguró que el Gobierno ha presentado a la Comisión Europea una serie de «propuestas alternativas» que buscan «reforzar» otras medidas que ya se han aplicado y entre las que ha subrayado los esfuerzos por incentivar el transporte ferroviario o el transporte público. «Nos consta que la Comisión lo está analizando y que podemos compartir ese criterio, ese análisis y esa visión compartida que nos permite ser optimistas«, ha apostillado.
Medida polémica
Durante la pasada campaña electoral previa a los comicios generales celebrados en julio, el PP advirtió de que la implantación de los peajes sería una realidad en 2024 porque el Ejecutivo así lo prometió en el Plan de Recuperación que remitió a la Comisión Europea para hacerse acreedor de los Fondos Next Generation. Sin embargo, el propio Sánchez negó tal extremo -afirmó que se trataba de «un bulo» de la derecha-, mientras que desde el Mitma afirmaban que no había una fecha concreta para su implantación, algo que rebatió poco después Bruselas. La Comisión confirmó en julio que la medida aparecía en el plan de recuperación español que fue aprobado tanto por Bruselas como por los Estados miembro y aparecía ligado, en concreto, al desembolso del quinto tramo, que asciende a más de 8.000 millones de euros. Concretamente, figura dentro del hito número 3, según el cual España debe crear “un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de “quien contamina paga’”.
Tras la declaración de Bruselas, el propio Ejecutivo admitió de forma implícita que los peajes a partir de 2024 formaban parte del Plan de Recuperación enviado a la Comisión al introducir en la adenda del mismo que ahora se negocia la retirada de los peajes. Una adenda que los servicios jurídicos de la Comisión siguen analizando a pesar de que la fecha límite para hacerlo expiró el pasado día 6 de septiembre.
Fruto de esta negociación, tanto «El País» como «La Vanguardia» aseguran que el Gobierno habría alcanzado un acuerdo con Bruselas por el que España se compromete a sustituir la medida por otras alternativas para impulsar el transporte sostenible, con especial referencia al ferrocarril. Así, el Ejecutivo ha prometido crear «autopistas ferroviarias» donde haya un verdadero interés comercial, así como bonificar los cánones ferroviarios para el transporte de productos durante, al menos, cinco años.
