El impuesto a las grandes fortunas, una de las medidas estrella del Gobierno de coalición –que ha sido recurrido por algunas comunidades autónomas–, podría ir en contra de la legalidad normativa que se otorga a los gobiernos regionales, lo que confirma «el fracaso de seguir con un sistema de financiación que data de 2009» y al que solo se le han hecho «parches» desde entonces. Así lo reconoce Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, que cree que España «nada a contracorriente» en la imposición sobre la riqueza dentro de la Unión Europea al crear un impuesto a ricos –aunque sea temporal–, que solo «tapar los agujeros que algunas comunidades abren en la tributación al Patrimonio». Pich basa estas afirmaciones en el estudio «Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2023», que desmenuza el alcance de este nuevo tributo, del que duda de su tramitación al haberse hecho con unas «prisas que no han ayudado en su diseño».
Así, la aprobación de este nuevo tributo se produce en un momento en que el Impuesto sobre el Patrimonio en cuatro comunidades (Aragón, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana) ya tenían mínimos exentos más bajos que el estatal, mientras que Región de Murcia lo ha aumentado considerablemente y en Andalucía y Madrid no se paga este tributo al estar bonificado al 100%, y Galicia lo bonifica ya al 50%. Con vigencia temporal, Cataluña y Comunidad Valenciana han subido el marginal máximo de su tarifa, al igual que Navarra. Por tanto, los contribuyentes con patrimonios superiores a 3,7 millones tendrán que pagar al Estado lo que se ahorraban en sus comunidades.
Respecto al impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), desde hace tiempo se produce una competencia fiscal a la baja cuando los contribuyentes son familiares cercanos del causante o del donante, utilizando para ello, en la mayoría de los casos, la regulación de bonificaciones o de importantes reducciones. Entre todas las regiones destaca Madrid, que ha ampliado la bonificación también a hermanos, tíos y sobrinos, al igual que Canarias.
En Sucesiones son diez las comunidades que regulan los mismos tipos de gravamen que los de la tarifa estatal (7,65% al 34%). En la mayoría prácticamente no se paga cuando los sucesores son familiares cercanos –en los territorios forales del País Vasco y en seis Comunidades de régimen común–, en el resto prácticamente no se paga cuando cada heredero no tiene una base superior a cierta cantidad que, como poco, es de 300.000€ euros. En Canarias y Madrid se alivia la tributación también a los familiares del grupo III. En Donaciones, prácticamente no tributan los familiares cercanos del País Vasco y de cinco comunidades de régimen común. En todas las comunidades, el ISD se mejoran los beneficios fiscales que la norma estatal regula para la transmisión de la empresa familiar.
En sentido contrario, en las modalidades de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) o de Actos Jurídicos Documentados, los economistas concluyen que, en general, se ha intentado mitigar la caída de la recaudación, por la pérdida de vigor del sector inmobiliario, con un incremento de los tipos impositivos. Muchas comunidades aplican tipos reducidos cuando en el TPO de las transmisiones de inmuebles cuando no se renuncia a la exención del IVA y, sin embargo, penalizan las transmisiones con renuncia a la exención del IVA, subiendo los tipos en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados.
Uno de los aspectos que economistas y asesores fiscales más critican es la regulación de los impuestos cedidos, por ser «laberíntica» y, por ello, solicitan a las comunidades que aún no han publicado textos refundidos que lo hagan para «mayor seguridad jurídica de los ciudadanos». Se refieren a que «la utilización de la capacidad normativa que tienen las comunidades en tributos cedidos ha producido 958 impactos normativos, de los cuales 317 corresponden al IRPF, sobre todo deducciones, aunque estas solo reportaron a los contribuyentes un ahorro en 2020 de 498 millones de euros, un 0,47% de la recaudación total». Es decir, tienen «muy poca repercusión en la recaudación». Una compleja dinámica fiscal de las autonomías, que critican los economistas del informe porque ha llevado a la creación de 56 impuestos propios de todas las comunidades excepto Madrid, que ha derogado los pocos que tenía, más cuatro de la Comunidad Valenciana que no han entrado en vigor. Cataluña se lleva la palma al ser la región con mayor número de impuestos propios. Pero todas obtienen un irrisorio 2% de su recaudación total, aunque esta creció en 2021 un 14,1% respecto a 2020. La estimación del Gobierno es que las comunidades habrán finalizado 2022 –los analistas han trabajado con datos provisionales– con una recaudación de 254.000 millones de euros, un 15% más que el año anterior y 10.000 millones de euros por encima de lo presupuestado.
Esta libertad en la aplicación normativa autonómica ha llevado a que ninguna comunidad tenga una tarifa del IRPF «exactamente igual a la estatal» y que en muchos casos «no coincidan ni en el número de tramos». Pese a ello, el Consejo General de Economistas no se postula a favor de una armonización fiscal, que persigue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y reclaman algunos gobiernos autonómicos –la mayoría socialistas–, porque «una cosa es que estemos coordinados y que las normas sean las mismas para todos y otra que seamos todos iguales», enfatizó Pich, que sí que puso en duda «si merece la pena ir a contracorriente en la tributación sobre la riqueza», crítica que amplió al resto de nuevos impuestos «a través de enmiendas a una proposición de ley y sin escuchar a todas las partes afectadas» –refiriéndose tanto al de las fortunas como al de la banca y las energéticas .
El Panorama de la Fiscalidad también apunta que las diferencias tributarias se acentuaron durante 2022, tras introducir novedades en ocho comunidades, que rebajaron o deflactaron el IRPF. Así, Andalucía y Galicia bonificaron Patrimonio; Extremadura prácticamente liberó de Donaciones a los familiares cercanos y, en Transmisiones Patrimoniales, Baleares y la Comunidad Valenciana aumentaron los tipos para grandes bases imponibles.
Y para 2023, la situación no mejora, ya que se han producido nuevas modificaciones en los impuestos propios como consecuencia de la creación del impuesto estatal sobre residuos, que ha supuesto que las comunidades que tenían implantado un impuesto similar hayan procedido a suprimirlo o dejarlo sin efecto.
