Las comunidades autónomas obtendrán el próximo año algo más de 96.700 millones de euros por las entregas a cuenta del modelo de financiación de 2017 y por los recursos procedentes del cierre definitivo del sistema de 2015, según la proyección realizada a través de los datos recopilados por el Ministerio de Hacienda. Con esta inyección de dinero que el sistema de financiación aportará en 2017, las autonomías dispondrán de más recursos que en 2008, antes de que estallara la crisis financiera que cambió el panorama económico y político de España.
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Los expertos en financiación autonómica recuerdan, no obstante, que entre 2009 y 2010, en plena recesión, las autonomías obtuvieron una inyección extraordinaria por la reforma del sistema de financiación que aprobó el Gobierno socialista de Zapatero. Por eso 2009 es una excepción en la serie estadística. Fue el año en que las autonomías recibieron más fondos del modelo de financiación. Entonces las comunidades ingresaron 11.000 millones adicionales, que negociaron para cerrar el acuerdo de la reforma del sistema en el peor año de la recesión, cuando la recaudación se desplomaba cerca de un 40%. El Ejecutivo socialista intentaba así, inyectando más dinero público en la economía, paliar los efectos de la peor crisis económica en casi un siglo. Nunca imaginó que esta sería tan aguda y persistente.
Otra de las advertencias que hay que hacer es que los Gobiernos regionales tardarán en recuperar el conjunto de todos los ingresos que tenían en 2007, no solo los procedentes del sistema de financiación. Entonces, en pleno boom inmobiliario recaudaban unos 12.000 millones más por los tributos propios vinculados al ladrillo, como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD).
Una vez hechos estas dos precisiones, lo cierto es que las comunidades recibirán más dinero del sistema de financiación que en 2008, antes de la crisis. El actual modelo de reparto de recursos entre el Estado y las comunidades está muy cuestionado. Se le achaca ser complejo, opaco y desigual. Las diferencias de financiación entre la comunidad mejor financiada y la peor son abrumadoras. Hasta ahora apenas ha podido desplegar sus efectos por los perjuicios de la crisis económica.
La excepción: el ejercicio 2009
Alain Cuenca, profesor de la Universidad de Zaragoza, y uno de los expertos que intervino en el diseño del actual modelo explica que «el actual sistema se diseñó con una mayor aportación de las comunidades en los tributos». Y precisa que en los años de recesión estas administraciones territoriales recibieron menos fondos porque la recaudación cayó. Ahora que la economía vuelve a crecer están recuperando parte del terreno perdido porque aumenta la recaudación. «El sistema de financiación reparte los tributos que paga el ciudadano entre el Estado y las comunidades», precisa. El 87% de los recursos que recibieron las comunidades en 2014, último año cerrado, procedieron de los tributos cedidos que forma parte del sistema de financiación. Las comunidades son partícipes del 50% de la recaudación del IRPF, de la mitad del IVA y del 58% de los impuestos especiales (alcohol, tabaco…).
Pese a ingresar más dinero en 2017 que antes de la crisis, las comunidades no habrán revertido todos los recortes. Y eso a pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró hace unos días que «a finales de este año España habrá gastado en políticas sociales 50.000 millones de euros más que en 2007, en educación vamos a gastar una cifra muy parecida a la de 2007, y en sanidad vamos a gastar más».
Pese a que se destine más dinero a sanidad y políticas sociales —hasta 2019 no se recuperará el nivel de gasto en educación, según las previsiones oficiales—, aún no se ha recuperado el nivel de calidad de los servicios de antes de la crisis. «Los recortes en sanidad, educación y servicios sociales han ido sobre todo a contener los gastos», dice Cuenca, que en seguida recuerda que también hubo medidas drásticas. «Se ha notado sobre todo en la congelación de salarios de los empleados públicos y reducción de las plantillas de funcionarios», prosigue mientras enumera las medidas que redujeron el gasto farmacéutico, como el copago.
Gasto sanitario creciente
El verdadero tajo se produjo en las inversiones regionales a partir de 2011. Se han reducido a la mitad, según los datos oficiales. Las comunidades prácticamente eliminaron el dinero para nuevas infraestructuras porque tenían menor coste político que rebajar los gastos en sanidad y educación, que es más impopular.
Con el inicio de la recuperación los Gobiernos autonómicos solo han podido contener el aumento de los gastos esenciales: la educación, sanidad y servicios sociales copan el 80% de los presupuestos regionales. Y estas prestaciones tienen unos costes crecientes.
«El gasto sanitario crece a un ritmo mayor que el PIB». El factor demográfico, con un alto ritmo de envejecimiento de la población dispara los costes sanitarios. Los tratamientos por las nuevas tecnologías y avances médicos y farmacéuticos son cada vez más caros. Además, los ciudadanos cada vez viven más y hay más enfermedades crónicas que suponen mayor gasto.
Además, en los prolegómenos de la crisis las comunidades se embarcaron en nuevas infraestructuras, hospitales, colegios, algunos con fines electorales, que ahora engordan sus gastos fijos estructurales. «Con ingresos coyunturales [procedentes del boom inmobiliario] las autonomías se metieron en gastos recurrentes que luego cuesta mucho recortar», explica Ángel de la Fuente, director de Fedea y experto en financiación autonómica.
«Que las comunidades tengan más dinero no supone que tengan más holgura», sentencia Cuenca. «No van a tener más margen durante mucho tiempo», concluye.
Un modelo que todos quieren reformar
Políticos, expertos y académicos coinciden en la necesidad de reformar el actual sistema de financiación. Este modelo procede de 2009, cuando el Gobierno socialista de Zapatero alcanzó un acuerdo con la mayoría de las comunidades para reformarlo. Les ofreció más recursos y puso sobre la mesa 11.000 millones de euros para conseguir el placet de la mayoría de barones regionales.
Este sistema, que apenas ha funcionado correctamente, porque ha estado topado por la crisis, tenía que ser reformado de nuevo en 2014. Pero el Ejecutivo del PP postergó los cambios. Adujo que ni había más recursos que poner sobre la mesa ni la compleja situación en Cataluña le permitía iniciar un proceso de reforma que siempre ha sido polémico.
Todas las comunidades cree que están maltratadas por un sistema, que los expertos no dudan en calificar como complejo, opaco y desigual.
Las comunidades menos favorecidas por el reparto como la Comunidad Valenciana o Murcia, según los estudios realizados por Ángel de la Fuente, director de Fedea y uno de los mayores expertos en el asunto, reclaman insistentemente cambios urgentes.
En las últimas fechas, parece haberse alcanzado un acuerdo para respetar el principio de ordinalidad, que el territorio que más tiene antes del reparto mantenga su posición tras el mismo, según las conclusiones de Fedea. Además, hay consenso para reducir las desigualdades de financiación per cápita entre las comunidades y darles más responsabilidad fiscal.
