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Las grandes dudas del Popular: ¿Por qué el Santander y por qué 7.000 millones?

Los accionistas del Banco Popular han perdido todo su dinero. Si bien en el año 2007 la capitalización bursátil del banco era de 18.000 millones de euros, el martes pasado de 1.330 millones de euros, actualmente el Banco Popular no vale nada.

El proceso ha sido de lo más rápido… El Banco Central Europeo (BCE) decidió que el Banco Popular estaba en quiebra y no valía nada el 6 de junio 2017 y notificó al organismo Single Resolution Board (SRB), uno de los pilares clave de la Unión Bancaria.

Seguidamente, SRB y el FROB han decidido que la venta era de interés público, ya que protege a todos los depositantes del Banco Popular y asegura la estabilidad financiera. A partir de aquí, la mejor oferta que han encontrado era la del Santander.

La operación por las acciones e instrumentos de capital de Banco Popular se ha ejecutado por una cantidad simbólica de un euro. En consecuencia, las acciones, incluyendo la totalidad del negocio de Banco Popular y sus filiales, han sido traspasados al Grupo Santander a partir del 7 de junio de 2017.

Si nos remontamos a épocas pasadas, normalmente veíamos que era el dinero del contribuyente quién entraba en el capital de una entidad para rescatarla, mediante el sistema bail-out. No obstante, con la nueva normativa europea de rescates y la unión bancaria, quiénes deben hacer frente a los problemas de la entidad son los accionistas y bonitas (sector privado).

¿Quiénes perderán sus dineros y quiénes se salvan?

Los principales afectados por el deterioro del Banco Popular son los accionistas que han visto que a día de hoy sus acciones valen cero, tras una caída sostenida prolongada en los últimos diez años. Cabe recordar que una sesión antes del rescate, las acciones del Popular se situaban en 0,317 euros.

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Otro de los grandes grupos afectados por el Popular, son los clientes con bonos y deuda subordinada, participaciones preferentes o bien instrumentos de deuda híbridos al pago de intereses depende directamente del capital o de los beneficios de la entidad.

Por último, y como analizaremos más adelante, otro gran perjudicado podría ser el mismo Santander, pues quizás debería indemnizar algunos accionistas minoritarios del Popular que acudan a los tribunales, por un maquillaje en los estados contables del banco en los últimos tiempos.

Todo ésto se ha hecho con un único objetivo y era salvar las cuentas y depósitos del Banco Popular independientemente si eran inferiores o superiores a 100.000 euros. Y paralelamente evitar que sean los contribuyentes, quiénes participarán indirectamente en una entidad quebrada.

Los accionistas del Popular y las reclamaciones

Los accionistas del Banco Popular tienen todo el derecho del mundo a exigir responsabilidades contra los dirigentes del Banco Popular, contra los supervisores, y quizá contra el Santander, el nuevo propietario del banco.

Por un lado, los accionistas del Popular no han recibido una información contable que se ajustara debidamente a la realidad de la entidad. En la última ampliación de capital del Banco Popular, hace alrededor de un año, se solicitó a los accionistas 2.500 millones de euros para cubrir el agujero que el mercado borró en pocos meses… Luego hemos visto que el agujero del balance era sustancialmente mayor.

Y no solo ésto, en un comunicado del 11 de mayo, es decir, menos de un mes de la compra del Santander, se comunicaba lo siguiente: «En relación con la noticia difundida hoy en un medio digital, Banco Popular desmiente categóricamente que hay encargado la venta urgente del banco y exista un riesgo de quiebra del banco».

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Curiosamente, un mes después nos encontramos ante la situación de que el banco estaba quebrado y se lo han adjudicado al Santander por presentar la mejor oferta.

Otro de los temas preocupantes es que al cierre del trimestre, el patrimonio neto del banco ascendía a 10.777 millones de euros y el ratio del capital total se situaba en 11,91%, lo que quedaba por encima de las exigencias regulatorios, unos datos que como sabemos hoy no se ajustaban a la realidad del Popular.

Analisis

Entre las curiosidades, deberíamos preguntarnos ¿Cómo es posible que el Banco Santander en 24 horas conozca la cantidad que necesita para ampliar capital para compensar las duras provisiones que debería enfrentarse al asumir el Banco Popular?

Teóricamente, la contabilidad es transparente para todos los accionistas y no puede existir información privilegiada. Los accionistas del Popular desconocían el pasado martes si las provisiones adicionales a efectuar eran de 2.000, 4.000 o bien 8.000 millones de euros.

Según el informe presentado del Santander sobre la integración del Popular, en lo referente a activos y morosos inmobiliarios las provisiones son de 7.200 millones de euros. Si a ello añadimos, la mora no inmobiliaria, las provisiones alcanzan los 7.900 millones de euros.

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Tanta precisión en la ampliación de capital debería ser sospechosa, pues es difícil de creer que en 24 horas se pueda ejercer una valoración detallada de los deterioros experimentados en la cartera crediticia que obliguen a realizar provisiones por varios miles de millones de euros.

De hecho, existe una ‘tabla de salvación’ para que los accionistas que persigan ejercer sus reclamaciones correspondientes y es que ya existe jurisprudencia con el caso de Bankia, en el que vimos como los accionistas minoritarios pudieron recuperar su dinero tras la salida a bolsa de la entidad en 2011.

En este supuesto, debería ser el Banco Santander quién responda ante los accionistas minoritarios que han visto de un día para otro perder más de 1.000 millones de euros o incluso más si tenemos en cuenta la última ampliación de capital por 2.500 millones de euros.

El primer bail-in en Europa lo enfrenta el Santander

En todo este movimiento corporativo existe una buena noticia que cabe destacar y es que por primera vez, el dinero público no ha participado en el capital de esta operación, siendo las manos privadas las únicas responsables de enfrentarse a las pérdidas.

Actualmente, con la unión bancaria, la normativa tiene como objeto asegurar que sean, en primer lugar, los bancos y sus accionistas quienes financien las resoluciones y, si es necesario, también parcialmente los acreedores del banco.

Se ha indicado desde las autoridades europeas que la vía a seguir era la resolución tras determinar que el banco no era viable. Ésto ocurre cuando una entidad incumple de manera significativa o es razonablemente previsible que incumpla de manera significativa en un futuro próximo los requerimientos de solvencia u otros requisitos necesarios para mantenerse a flote.

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Los instrumentos de resolución en el bail-in son: La venta del negocio de la entidad; La transmisión de activos o pasivos a una entidad puente; La transmisión de activos o pasivos a una sociedad de gestión de activos, y la recapitalización interna.

Como hemos visto, se ha optado por la resolución de Popular pues hubiera sido incapaz de llevar a cabo una ampliación de 7.000-8.000 millones de euros que compensara el deterioro de las activos del balance.

Ahí ha entrado en juego el Santander que ha presentado «la mejor oferta» en la subasta, comprar el banco por un euro y asumir una ampliación de capital de 7.000 millones de euros -con derechos de suscripción preferente para los accionistas existentes- cubriendo el capital y las provisiones requeridas.

Ahora los clientes del Popular pasarán a ser del Santander, la entidad resultante, que operará con la marca Santander, se convertirá en el banco líder en créditos y depósitos, con 17 millones de clientes, una cuota de mercado en crédito del 20% y una cuota del 25% en pymes.