El Gobierno ha aprobado una reforma de las pensiones que las hace más insostenibles si cabe y abre la puerta a un sistema de contribuciones confiscatorio y desligado de los derechos adquiridos.
El análisis de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) refleja el elevadísimo aumento de gastos mientras estima un aumento muy modesto de los ingresos. El gasto del sistema se elevaría hasta el 17,49% del PIB en 2050. Incluso con estimaciones diplomáticas, Fedea prevé que los ingresos sólo aumenten 1,65 puntos del PIB a 2050, lo que significa que el agujero de la Seguridad Social aumentaría hasta superar los 50.000 millones de euros.
El sindicato CSIF ha denunciado que «endurece la penalización a la jubilación voluntaria» e incrementa «los coeficientes reductores en función de los años cotizados», es decir, que penaliza a los trabajadores que más han cotizado y más han trabajado.
El Banco de España ha sido también contundenteal recordar que no se garantiza la sostenibilidad y requerirá de más ajustes. Las estimaciones de la AIReF son demoledoras a pesar de ser a su vez muy optimistas. El gasto en pensiones aumentará en 30.000 millones de euros a 2050, un 16,2% del PIB, superando ampliamente el 15% que el Gobierno acordó no superar. Los ingresos sólo suben un 1,3% del PIB, sobre todo por el masivo aumento de impuestos a autónomos y contribuyentes.
No existe un solo organismo independiente serio que llegue a la conclusión de que esta reforma hace el sistema sostenible.
Ahora eliminemos la diplomacia lógica que subyace en las estimaciones de organismos como los mencionados. Es casi imposible que España alcance el escenario de ciencia ficción en el que se basa el Gobierno. Veamos:
Ni Sánchez se cree un crecimiento sostenido de la economía nacional del 2% anual de 2023 a 2050 cuando ni siquiera en 2023 esperan llegar a esa cifra. Es más, no asumir la evidencia histórica de al menos tres crisis en el periodo considerado hace la hoja de Excel inservible. Es todavía más espectacular por tramposo considerar una media de crecimiento de la productividad del 1,5% en un país donde el crecimiento de la misma ha sido casi inexistente en una década y donde el Gobierno penaliza la alta productividad fiscalmente y subvenciona la baja. Teniendo en cuenta la historia, la evidencia y que todas las medidas de ingresos penalizan la contratación, la estimación de una tasa de paro del 5,5% es, como mínimo imprudente.
Si usted se cree que esas estimaciones son adecuadas, lo mínimo es que se hubieran proporcionado dos escenarios alternativos, uno pesimista y otro medianamente conservador.
Si usted toma esa misma estimación del Gobierno y pone el crecimiento de la productividad y del empleo en la tendencia histórica, el agujero de la Seguridad Social superaría las las estimaciones de Fedea y AIReF. Es más, la reforma de las pensiones asume un gasto en pensiones que olvida una importante parte en la base y se reduce de manera más que cuestionable a pesar de la evidencia del deterioro demográfico de España y la longevidad. De hecho, la hoja de Excel del Gobierno asume una caída del gasto en pensiones que es opuesta a la tendencia demográfica española y, más importante, su propia estimación de inflación anual.
¿Por qué le da igual al Gobierno todo esto y no le importa dar datos a todas luces imposibles de cumplir? Porque ha introducido un mecanismo de ajuste automático que obligará a llevar fuertes recortes y subidas de impuestos al Gobierno al que le toque lidiar con el desajuste de las cuentas. Por eso lo ha aprobado Bruselas. Es como aprobar un límite de tarjeta de crédito superior a cambio de que si lo excedes te quiten tu casa y tu coche en dos años.
El sistema de pensiones español es insostenible y los primeros que lo saben son los jubilados y el Gobierno. Por eso ha plantado una bomba de relojería en el acuerdo que obliga al siguiente a hacer los recortes que ellos no han hecho. Un sistema insostenible porque no se tiene en cuenta la realidad del deterioro de la pirámide poblacional, que ignora el factor económico al cargar sobre empresas y contribuyentes todo el coste haciendo más cara la contratación y menos atractiva la creación de empleo y, encima, penaliza la creación y crecimiento empresarial con una fiscalidad confiscatoria y extractiva.
El Gobierno se cree que España es un país de ricos y de grandes empresas al que puede expoliar como un cajero automático, pero es el país con más paro de Europa, una nación de microempresas ahogadas y con menos de 113.000 «ricos».
Para tener un sistema de pensiones sólido necesitaríamos muchos más ricos, empresas mucho más grandes y muchísima mayor inversión. Atacando esos tres factores sólo se hace el sistema más insostenible aún. Además, debemos avanzar a un sistema mixto de capitalización y reparto como tienen todos los países líderes de Europa.
Nuestro sistema de pensiones ha sido dinamitado por decisiones electoralistas del Gobierno y nunca va a ser sostenible ignorando la demografía y la realidad económica y de empleo de España, un país de microempresas condenado a tener un paro elevadísimo mientras el Gobierno disfraza desempleados o expolia a los contribuyentes.
