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Las pensiones podrían costearse por los robots

La revolución digital que se viene desarrollando desde mediados del pasado siglo abre un futuro con múltiples incógnitas y pocas certezas, una de ellas es que la cuarta revolución industrial está en marcha. La mecanización de la mayoría de labores, unida al alto rendimiento de las máquinas, ofrece un futuro muy atractivo para los empresarios y un mal augurio para los trabajadores en riesgo de perder su empleo.

El planeta alberga ocho billones de personas con familias que mantener, lo que, sumado a la baja mortalidad y la falta de nacimientos, tambalea la pirámide demográfica sobre la que se sustentan la mayoría de estados de bienestar. Así, la ya deficitaria hucha de las pensiones sólo podría ir a peor en un mundo con menos trabajadores y más jubilados.

Ante este gravísimo problema, se plantea una alternativa obvia: las máquinas que sustituyan a los hombres deben cotizar en su lugar. Así piensa Bill Gates, fundador de Microsoft, que aseguró en una entrevista que “si un robot hace el mismo trabajo, debería cotizar de forma similar. No podemos abandonar esos ingresos.”

Gates sugirió que parte del dinero recaudado procedente de estas tasas a las máquinas debería ir dirigido a aquellos colectivos laborales que hayan recibido el peor impacto de esta cuarta ola industrial.

Sin embargo, aunque esta propuesta parezca la mejor alternativa posible al conflicto, presenta una serie de desafíos. En primer lugar, habría que definir de forma inequívoca qué entendemos por robot. A ello se unen las posibilidades de evadir al sistema, como la señalada por Jim Stanford, economista y director del Centro del Trabajo Futuro, que consideró que el robot “podría ser incorporado dentro de otros tipos de maquinaria” para evitar impuestos.

Stanford consideró que las posibilidades de que esta “tasa robot” ocurran en el futuro cercano son escasas, ya que habría que clarificar conceptos para, acto seguido, crear un marco jurídico que resuelva las incertidumbres y evite vacíos legales, lo que se produciría tras una atención sostenida de los Gobiernos, lo que, por ahora, está lejos de tomar forma.