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Las políticas de la UE, un colchón de seguridad y un «enemigo» para el campo español

Los agricultores y los ganaderos se están sublevando contra las políticas de la UE, insatisfechos con sus ayudas y su mercado, pese a que suponen una red de seguridad, con amenazas y oportunidades, con un reparto muy cuestionado.

Bruselas, capital de las instituciones comunitarias, es la principal razón, aunque no la única, de las movilizaciones del campo español, contagiado de otros países, porque se siente presionado por las normativas, sin que sus ingresos compensen el esfuerzo.

Los agricultores y los ganaderos reclaman cambios en la Política Agraria Común (PAC) o un freno a los acuerdos comerciales que abren las fronteras a la competencia, pese a las subvenciones y a las ventajas del mercado, que resultan insuficientes.

Los análisis muestran que no hay una sola agricultura y que los beneficios de la UE se están aprovechando de forma desigual. Tampoco es nuevo culpar a Bruselas de los males del campo, lo que -partidos y gobiernos incluidos-, se ha hecho de distinta manera desde que España entró en la UE (1986). Estas son algunas amenazas y ventajas destacables de la UE, no siempre satisfactorias, para los agricultores.

La PAC

La PAC, que nació hace 62 años, tiene casi 400.000 millones de euros para 2021-2027, de los que 47.000 son para los agricultores de España, tercer país más beneficiado. «Es un compromiso presupuestario fuerte, un marco estable que tiene como uno de sus nortes la adaptación al cambio climático», declara a EFE el ingeniero agrónomo y experto en PAC y mercados agrarios Tomás García-Azcárate.

Aparte de los pagos, la PAC ofrece la política de desarrollo rural, para actividades distintas y complementarias a la agricultura, con planes cofinanciados por los gobiernos y las comunidades autónomas. La última reforma, desde 2023, ha elevado las exigencias ambientales, ha dado más responsabilidad a los gobiernos y ha introducido medidas como los ecorregímenes, que han provocado el criticado infierno burocrático.

García-Azcárate admite que el apoyo a las organizaciones de productores y sus asociaciones ha sido insuficiente y que falta «selectividad» en la definición de actores prioritarios de las ayudas. Sus asignaturas pendientes o mejorables son las medidas para afrontar las crisis de mercado y, a juicio de los agricultores, para respaldarles frente a las importaciones.

Las importaciones y los acuerdos comerciales

Las organizaciones mayoritarias -Asaja, COAG y UPA- resaltaron la «competencia desleal» y la lucha frente a un mercado que importa «a bajo precio», cuando convocaron las protestas, en un tono más comedido del que se ha oído estos días. Los agricultores reclaman que se paralicen la ratificación de los acuerdos con Mercosur y Nueva Zelanda, y de otras múltiples negociaciones comerciales, además de pedir que suban los controles a la importación de Marruecos. Pero España es líder en la exportación de aceite de oliva, vino, frutas y hortalizas o conservas de atún, y también disfruta de un mercado único gracias a la UE; en momentos menos controvertidos el propio sector ha admitido esos intereses, si bien siempre ha recalcado que tiene que haber «reciprocidad» en las exigencias.

«Hay incoherencia entre la política comercial y el Pacto Verde europeo», subraya García Azcárate, quien, no obstante, apunta que las mayores exigencias a los agricultores pueden ser una oportunidad, ya que la calidad es una «fortaleza». Los mercados absorben un 50% de la producción agraria nacional, añade, pero no todos los agricultores y los ganaderos ni todos los sectores se benefician por igual. En cuanto a Ucrania, al contrario que otros países, España es un importador neto de sus cereales, utilizados también para los piensos; para los productores españoles de grano la sequía y los altos costes son factores más duros.

El Pacto Verde

El proyecto estrella de la Comisión Europea para conseguir una economía neutra en emisiones de CO2 apuntó al sector agrario con estrategias como la que planteaba reducir los pesticidas -que ha sido retirada-, los antibióticos animales o la implantación de una superficie ecológica obligatoria.

Su debate, en medio de la pandemia y de la guerra en Ucrania, ha hecho resurgir la siguiente pregunta: ¿Por qué se ahoga tanto a los agricultores, poniendo en riesgo el relevo generacional, si la oferta de alimentos está en peligro por el cambio climático?

Los partidos políticos han entrado en la discusión, que se ha polarizado, como ha ocurrido con propuestas como la Ley de Restauración de la Naturaleza, que se debatirá este mes en la Eurocámara, ante la que los agricultores y los pescadores se sienten «criminalizados».

¿Está toda la agricultura en crisis?

Numerosos expertos e incluso ONG ecologistas coinciden en que no se puede hablar de una sola agricultura o ganadería; solo hay unanimidad en una cosa en este momento: todo tipo de productores están protestando ahora en España. «La agricultura española va bien, pero sobre todo las grandes explotaciones que pueden disfrutar de economías de escala cada vez más importantes en una producción 4.0 cada vez más robotizada y científica; no acontece lo mismo a las empresas familiares«, según García Azcárate.

Respecto a las soluciones de futuro, apunta que surgen preguntas como la redistribución de las ayudas públicas, porque más recursos no va a haber. ¿La PAC debe beneficiar a los más competitivos? Si se ayuda al uso del agua, ¿se proporciona a los grandes o a un mínimo de hectáreas para todos?, concluye.