Inicio Actualidad Económica Las «protestas del WhatsApp» inundan España de tractores

Las «protestas del WhatsApp» inundan España de tractores

Las revueltas de campo ahora se gestan en WhatsApp y Telegram. Este martes, cientos de tractoradas improvisadas colapsaron las carreteras españolas, provocando cortes y retenciones, para protestar contra la crisis que atraviesa el campo por la sequía, el incremento de costes y los precios insuficientes para cubrirlos, la competencia desleal de las importaciones, pero sobre todo, para reclamar el fin de la asfixia burocrática y medioambiental de la Política Agraria Común (PAC). La ira agrícola se manifestó en prácticamente todas las comunidades autónomas mediante iniciativas particulares que se han movido en redes sociales y al margen de las organizaciones agrarias –Asaja, COAG y UPA–, cuyo calendario de protestas oficial arrancará el 8 de febrero y se extenderá durante todo el mes.

Los cortes con tractores de las principales carreteras y vías comarcales españolas arrancaron desde primera hora de la mañana, con especial incidencia en las autovías A-1; A-2; A-3; A-4; A-5; A-6; A-92; A-42; A-66; A-50; A-62; o A-30. La intención de muchos de estos agricultores era llegar hasta las capitales de provincia y comunidades autónomas, pero el despliegue policial en las autovías lo impidió. En Madrid, el Ministerio del Interior desplegó a los antidisturbios. Otros muchos pusieron el foco en los grandes centros logísticos y consiguieron bloquear los accesos al Puerto de Málaga y Mercazaragoza. 80 tractores que partieron desde Ávila la noche del lunes también intentaron llegar a Mercamadrid, pero el despliegue policial los bloqueó en Getafe. Más allá de los cortes, circulación en nivel rojo y colapsos, durante la jornada del martes apenas se registraron incidentes a excepción de la detención de un agricultor en Valladolid supuestamente por agredir a un agente de la Policía Nacional. También se produjeron volcados de estiércol y quemas.

Para hoy sólo estaba prevista oficialmente una protesta en la provincia de Burgos, convocadas por Unión de Uniones, el resto de movilizaciones fueron espontáneas, no contaban con las autorizaciones de las delegaciones de Gobierno de cada comunidad autónoma –comunicación por escrito 10 días antes o con 24 horas sólo en caso de urgencia– y, por tanto, sus asistentes se exponen a multas. Además, los manifestantes también pueden sufrir sanciones graves (de hasta 30.000 euros) por la ocupación y obstaculización de vías y espacios públicos que ocasiones una alteración de la seguridad ciudadana, tal y como recoge la «Ley Mordaza». Sobre esta cuestión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que su departamento debe garantizar el derecho a manifestación del campo, pero también el suministro de servicios esenciales y el derecho de los ciudadanos a desarrollar una vida segura.

En la red social X (antes Twitter), algunos agricultores comparten que ya han sido multados, pero, inspirados por Francia, aseguran que el campo no puede esperar para actuar y mañana, miércoles, la oleada de protestas se recrudecerá. «Es una pena porque nos hemos tenido que movilizar a través de WhatsApp, porque los sindicatos está clarísimo que no mueven ni un dedo. Demasiada burocracia y demasiados billetes para los sindicatos, con lo cual ellos no se quejan. Ahora, cuando han visto que nos hemos empezado a movilizar están hablando de sus propias movilizaciones, pero nosotros hemos tenido que dar el primer paso», subrayó un agricultor en declaraciones a Telemadrid. Cabe señalar que detrás de algunas tractoradas estaba una nueva organización, el 6F Sector Primario, que en su primer manifiesto incluía reivindicaciones que nada tienen que ver con el campo, como eliminar las subvenciones a sindicatos y partidos o cambiar el sistema electoral. Estas desaparecieron en una segunda versión del texto.

Las críticas llegaron después de que el secretario general de CC OO, Unai Sordo, asegurase que quienes se están movilizando son empresarios y no trabajadores y que, en muchos casos, «son los mismos» que se oponen a subir el salario mínimo interprofesional (SMI). También insistió en que estas movilizaciones no están ligadas a las organizaciones sindicales y que «no están siendo particularmente masivas». Mayor apoyo mostró el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que manifestó que la UE tiene que dar una respuesta «positiva» a las reivindicaciones de los agricultores de España, las cuales consideró «justas y razonables». Álvarez denunció que la burocracia ahoga la posibilidad de que las subvenciones de PAC se puedan distribuir de manera adecuada, que la competencia con países terceros es «insoportable» y reclamó que el Gobierno haga «cumplir la Ley de la cadena alimentaria».

[[H3:El Gobierno mantiene el «diálogo», pero no ofrece medidas]]

El ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguró que mantiene el diálogo con las organizaciones agrarias como «único medio de salir adelante» y acusó al PP y Vox, que han criticado las políticas de Sánchez y la falta de respuesta actual, de «competir entre sí» con la vista puesta en las elecciones. No obstante, por el momento, el Ejecutivo no ha anunciado medidas para atajar la crisis del sector agrario, aunque coincidiendo con las protestas, Agricultura publicó el listado de 140.000 beneficiarios que cobrarán 269 millones en ayudas contra la sequía y la guerra, medida aprobada en mayo de 2023.