Los controles de las administraciones públicas a la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) se saldaron el año pasado con un incremento sustancial de los expedientes sancionadores. En total, las autoridades autonómicas, encargadas de las inspecciones, abrieron 3.256 expedientes sancionadores, frente a los 1.804 de 2017.
Los datos han sido revelados hoy por la asociación mayoritaria del sector del taxi, Fedetaxi, después de la reunión que han mantenido con la Directora General de Inspección de los Transportes del Ministerio de Fomento, Alicia Rubio.
La apertura de un expediente no supone, en cualquier caso, la imposición automática de una sanción al presunto infractor. Los tribunales, de hecho, ya han dado la razón a las compañías de VTC en algunas de sus reclamaciones en el pasado.
A juicio del sector del taxi, este notable incremento de las sanciones denota que compañía como Uber o Cabify «desprecian la legislación», por lo que han reiterado su petición de reformar la ley de transportes para suspender o retirar, al menos por un año, las autorizaciones y vehículos reincidentes en su conducta infractora a la normativa de transportes. Principalmente, captar clientes de manera ilegal por parte de las VTC, tanto en paradas clandestinas como sin tener en regla las perceptivas hojas de ruta de los servicios.
El Ministerio de Fomento se comprometió en octubre de 2018 un anteproyecto de ley para el endurecimiento de la citada norma. No obstante, desde el sector del taxi aseguran que, a día de hoy, no se ha concretado ningún cambio.
