El coronavirus ya está causando un impacto directo sobre algunos sectores de la economía española, muy en particular el sector del transporte y de los hoteles. Conforme España siga acumulando nuevos contagios y copando las portadas internacionales como una zona de alto riesgo de infección –similar a como lo era Italia hace una semana–, el turismo necesariamente se resentirá. No digamos ya si, como parece bastante previsible, cada vez más gobiernos extranjeros desaconsejan –o incluso prohíben– que sus ciudadanos viajen a nuestro país. Salvo que la crisis sanitaria del Covid-19 escampe por entero dentro de un par de meses, la sangría que experimentará uno de los principales motores de nuestra economía –el turismo– será, por desgracia, histórica. Ahora bien, y a la luz de la experiencia de otros países en los que la epidemia se halla mucho más avanzada, no convendría que confiáramos en que el coronavirus pasará rápido y que, por consiguiente, los daños pueden ser transitorios. China está paralizada desde hace dos meses y todavía hoy no se atreven a levantar las muy drásticas restricciones que impusieron para frenar el avance de la enfermedad: sí, le han ganado la batalla al virus –o eso parece–, pero siguen enclaustrando a su población para minimizar el riesgo de reinfección. El propio Fernando Simón, por muy mermada que haya quedado su credibilidad durante los últimos días al haberse convertido en el altavoz del tergiversado mensaje gubernamental, reconoció ayer que podríamos necesitar cinco meses para ganarle la batalla a la epidemia. Cinco meses en los que la mayor parte de la actividad del país podría hallarse suspendida por la necesidad de que los trabajadores se recluyan en sus casas. Pero, y ésta es la gran cuestión a considerar, si la sociedad y la economía española se paran en seco, ¿cómo conseguirán las empresas hacer frente al pago de sus deudas? Si las compañías no ingresan –porque no producen y, como no producen, no venden–, ¿cómo harán frente al pago de sus trabajadores y de sus acreedores? El Gobierno ya ha dicho que se hará parcialmente cargo del abono de los salarios que se hallen de baja por el coronavirus, pero eso no será suficiente. Los acreedores financieros –especialmente bancos– también querrán seguir cobrando y eso se volverá crecientemente complicado salvo que las empresas cerradas cuenten con reservas de liquidez suficientes. Ante tal escenario, sólo quedarán dos opciones: o los bancos –gracias a las líneas de liquidez que les está extendiendo el banco central– optan por refinanciar a sus deudores –una especie de moratoria de deuda tácita– o, en cambio, se fuerza a que los deudores entren en suspensión de pagos. Éste último sería el escenario indudablemente más desastroso y el que deberíamos evitar a toda cosa. Y, para eso, el Gobierno también ha de poner de su parte: no drenar innecesariamente la liquidez del sector privado. Es decir, detener el cobro de impuestos mientras la economía se halle paralizada por el coronavirus.
