Los autónomos ha sido el colectivo que más crítico con el plan de medidas económicas urgentes presentado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aunque reconocen el esfuerzo realizado y las rectificaciones hechas, creen que todavía hay muchas lagunas en el real decreto que se deberían de clarificar. La principal asociación de autónomos, ATA, ya manifestó su disconformidad con este plan desde el primer momento, “porque no atiende nuestras verdaderas necesidades. Los que tienen negocios, si se quedan en casa carecen de ingresos, pero tienen que seguir pagando facturas, recibos, el alquiler de los locales profesionales o el IBI”, manifestó a LA RAZÓN su presidente, Lorenzo Amor.
Son precisamente esas medidas adicionales las que se estaban esperando con impaciencia, como la moratoria en el pago de los alquileres profesionales, medida que no se ha tomado en este primer paquete, como sí se ha hecho con las hipotecas sobre primera vivienda -aunque únicamente sea por una sola cuota-. Ante la generalización de estas quejas, el propio presidente del Gobierno tuvo que explicarse en la sesión de control al Gobierno, en el que varios grupos de la oposición le reclamaron que tuviera en cuenta esta medida. Pedro Sánchez se limitó a apelar a la “buena voluntad de todas las partes” para resolver el precio de los alquileres y la rescisión temporal de contratos. Esta posición desató las críticas de todos los partidos de la oposición, incluido su propio socio de Gobierno, Podemos, que mantiene su particular “guerra interna” con la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la que culpó de que esta medida no se tomara. Entidades como el Sindicato de Inquilinos ha iniciado una campaña en la que exige directamente la “suspensión” del pago del alquiler para autónomos, trabajadores y pymes que han dejado de percibir ingresos, por haber perdido su empleo o por cese actividad.
La segunda de las quejas ha ido encaminada a las exigencias para acceder a las prestación por cese de actividad. Aunque el Ministerio de Trabajo ha informado de que los autónomos que soliciten el paro lo obtendrán de forma automática sin tener que pasar por el tribunal de las mutuas, según el artículo 17 del real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, el trabajador por cuenta propia “tendrá derecho a la prestación extraordinaria cuando sus actividades queden suspendidas o su facturación se reduzca, al menos, un 75% en relación al promedio de facturación del semestre anterior”. Es en este último punto este colectivo centra su desacuerdo, ya que mientras que los autónomos asalariados pueden acceder directamente a la prestación, por ejemplo los societarios -los autónomos con trabajadores a su cargo- se tendrían que ver obligados a cerrar para poder justificar esa prestación. Por tanto, si un empresario autónomo puede mantener parcialmente la actividad y tiene unos ingresos que solo merman el 74%, ya no puede acceder esta prestación, aunque tenga que seguir pagando cuotas, seguros, recibos, etc., por lo que estaría abocado a cerrar. Además, tienen dudas sobre cómo se deberían justificar sus ingresos. Desconocen si se debería hacer con la declaración, con las facturas o con los libros contables. Peor lo tienen lo autónomos que cotizan por módulos, ya que sus plazos son diferentes y la justificación prácticamente imposible.
Tampoco se ha atendido la petición de que se reduzca el 50% el Impuesto de Sociedades a los sectores más afectados, ni que se amplíe directamente a una suspensión temporal para aquellos negocios que desarrollen su actividad en zonas en cuarentena, algo que podría ocurrir en la siguiente fase de contagio, el confinamiento total de la población. Otra de las quejas mostrada por los autónomos se ha dirigido a la Agencia Tributaria, que no ha otorgado una moratoria a los plazos de presentación e ingreso de las autoliquidaciones ni a los plazos de presentación de las declaraciones informativas, que no se verán afectados por este decreto -según informó Hacienda en un comunicado-. Aducen que ya que se había aprobado antes del estallido de la crisis una medida excepcional para que las pymes y autónomos pudieran aplazar el pago de impuestos hasta seis meses, con tres meses sin intereses, por lo que las fechas de cumplimiento siguen vigentes. Al menos sí tendrán en cuenta que si en las próximas semanas se produce el vencimiento del plazo de declaración e ingreso de determinadas autoliquidaciones -y ante la eventualidad de que algunas empresas puedan tener problemas de liquidez para efectuar los ingresos correspondientes-, estos autónomos podrán acogerse a las medidas de liquidez para hacer frente a los importes declarados en plazo y no ingresados una vez accedan a estas líneas de ayuda. Sin embargo, muchos trabajadores por cuenta propia carecen de capacidad para endeudarse más y se ven incapaces de pagar estos nuevos préstamos.
Asimismo, quieren llamar la atención de la Administración sobre un aspecto poco conocido del decreto gubernamental, el que atañe a la concesión de la baja médica. Articula la nueva disposición que será “el médico del Servicio Público de Salud el que emita el parte de baja y alta en todos los casos”, algo que puede ser sumamente complicado de cumplir en este estadio de la crisis, ya que el confinamiento obligaría a los representantes sanitarios a acudir a miles de domicilios para cumplir con la legalidad. Además, los síntomas leves son enviados a casa, no se les hace el test de detección y en los centros sanitarios sólo se atienden casos graves y el resto se determina como “sospechoso” sin prescripción médica. Los autónomos piden que se les aclare cómo se resuelve esta situación. Tampoco descartan solicitar al Consorcio de Compensación de Seguros que valore activar durante este periodo de confinamiento de la población el mismo protocolo que aprobaría en una catástrofe natural, para que se movilicen fondos adicionales que se pongan a disposición de los negocios que lo soliciten para paliar la interrupción de su actividad.
Aparte de la combativa ATA, las otras dos asociaciones que agrupan a los autónomos también plantean algunas recomendaciones. Para UPTA urge que el Ministerio de Seguridad Social elabore una guía con el procedimiento para poder solicitar la prestación y solicitan articular, en común acuerdo con las mutuas de accidentes de trabajo y las organizaciones de autónomos, “los canales necesarios para que se aprueben todas las solicitudes que se presenten y que cumplan con los requisitos”. Por otro lado, pide a las comunidades autónomas que complementen las ayudas ya aprobadas para evitar que se establezcan diferencias entre los territorios. UPTA considera que el procedimiento más adecuado sería que cada autonomía completara hasta el 100% de la base mínima de cotización de las prestaciones extraordinarias temporales por cese de actividades incluidas en el real decreto, que cubren el 70% de la base de cotización. Las comunidades “deberían aportar el otro 30%, hasta llegar al 100%”. Esto representaría una ayuda media de 300 euros por cada autónomo y mes de percepción de la prestación y estaría destinado a quienes tengan suspendidas sus actividades económicas o para aquellos que acrediten que han reducido en un 75% sus ventas con respecto a la media del semestre anterior.
Para UATAE, el Ejecutivo debería valorar que la exoneración de las cotizaciones no se limite a la duración del Estado de Alarma, e instó a que se considere prorrogar esta medida más allá de ese período, ya que el impacto económico “puede alargarse en el tiempo y hay que tratar de sostener y acompañar la vuelta a la actividad”. También recuerda que “el hecho de que la prestación por cese temporal se calcule sobre la base de cotización dejará nuevamente al descubierto los déficits de protección social” que sufren los trabajadores por cuenta propia, y piden que se estudie la manera de transitar a un modelo de cotización más justo y progresivo”. Las tres asociaciones verían con buenos ojos que, para ayudar a las pymes, las administraciones y las grandes empresas adelanten pagos al máximo, ya que muchas empresas pequeñas se han encontrado con la actividad paralizada cuando todavía tienen pendientes cobros de meses anteriores o del año pasado.
