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Los controladores aéreos pactan multas de 21.000 euros por el caos de 2010

Serán suspendidos de empleo cinco meses. Solo 14 no han llegado a un acuerdo

Hoy arranca en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid la última causa que queda abierta contra los controladores por el caos aéreo de diciembre de 2010. Aunque hay 133 profesionales acusados, 119 de ellos han pactado con la Fiscalía de Madrid asumir una multa de 100 euros diarios (21.000 euros) durante siete meses. En el caso de los representantes sindicales, el acuerdo estipula el pago de 150 euros diarios (31.500) euros durante el mismo periodo. Todos han aceptado también una suspensión de empleo durante cinco meses, según explican fuentes del colectivo. Los 14 controladores que no han llegado a un acuerdo con la Fiscalía irán, en principio, a juicio, aunque todavía tienen de plazo hasta el día 29 para adherirse al acuerdo y evitarlo. Esa es la fecha que tienen señalada en el calendario del proceso para manifestar su postura y decantarse por el acuerdo o pleitear, según añaden estas fuentes. En concepto de responsabilidad civil, los controladores van a pagar 20 millones de euros.

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Tras los acontecimientos del Puente de la Constitución de 2010, que llevaron a Aena a cerrar el espacio aéreo Centro-Norte durante 20 horas, se iniciaron 22 causas penales en toda España. 21 fueron archivadas, si bien en Baleares, «sin concurrencia de hechos nuevos», según el sindicato mayoritario del sector, Usca; se reabrió la causa, que terminó con un acuerdo judicial que contemplaba indemnizaciones para los afectados y multas para los controladores imputados.

En su escrito de acusación, la Fiscalía acusa a los controladores de un delito de abandono de servicio público por paralizar la actividad aeronáutica. La situación vivida aquellos días afectó a 700.000 pasajeros y a 5.000 vuelos. El Ministerio Público, en su escrito de acusación, asegura que «a consecuencia del abandono colectivo» de sus puestos de trabajo, se produjo el cierre del espacio aéreo. Los controladores, sin embargo, siempre han defendido que nunca lo hicieron. Un juez gallego, de hecho, concluyó que el cierre del espacio aéreo fue una decisión «política» instigada por el Gobierno.