La falta de personal y la complejidad operativa pasan factura. La tensión del «procés» tampoco ayuda a hacer atractivo el destino
Imagine un destino laboral alejado de su lugar de origen, complicado en su operativa y enclavado en un territorio con una situación socio-política cuanto menos compleja. Imagine eso y estará imaginando la situación de los controladores aéreos en Cataluña. Un destino en el que la movilidad ha sido la constante en los últimos años. Un trasiego que, además, se agravó sobremanera durante los años más duros de la crisis. Entre 2008 y 2017, la plantilla de los controladores no aumentó. Se estancó como lo hizo el tráfico aéreo. El fin de la recesión trajo la recuperación de los vuelos, pero no de este colectivo, cuya situación se tornó crítica en Cataluña en 2018. En víspera del verano, los controladores de Barcelona amenazaron con hacer huelga ante la falta de plantilla. Finalmente, el principal sindicato del sector, Usca, llegó a un acuerdo con Enaire para incrementar progresivamente el personal en los siguientes años. Un proceso que no se ha detenido desde entonces, pero que no ha servido para enjugar el déficit de controladores de esta región que, según este sindicato, es más o menos del 10%.
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No le está resultando fácil a Enaire atajar esta carencia. Barcelona es un destino «poco apetecible para los nuevos controladores», aseguran fuentes del colectivo. Para empezar, se trata de una plaza complicada que tiene procedimientos operativos muy complejos. El Centro de Control de Barcelona supervisa todo el tráfico del arco mediterráneo. Un área «repleta de terminales, en las que hay aviones que aterrizan y despegan continuamente que se suman a los que están subiendo y bajando, que es el tráfico que más problemas da», explican. En verano, la situación se torna aún más complicada. Barcelona se convierte en el aeropuerto con más tráfico aéreo de España durante julio y agosto. Unos meses en los que se forman tormentas en el Mediterráneo tan temibles como un huracán, según dicen algunos controladores. «Son verdaderos muros que recorren cientos de millas y que los aviones no pueden traspasar, lo que les obliga a dar grandes rodeos hasta que encuentran un hueco para colarse», describen. Y todos los aviones acaban en ese pasillo, lo que dificulta la gestión del tráfico.
Todo este trasiego lo están acometiendo los controladores con una plantilla en los huesos no sólo por el hecho de que les falten efectivos sino porque casi otro 20% de los que hay, unos 50, están en fase de habilitación. Cuando los nuevos controladores llegan a un destino, deben recibir una instrucción específica sobre el mismo de tipo teórico, de simulador y en prácticas. El proceso suele llevar unos cuatro meses. Pero, en el Centro de Control de Barcelona, los plazos se alargan porque faltan instructores. «Como la gente se va de aquí en los concursos internos, los nuevos sólo reciben instrucción el 40% de los días. El otro 60% no tienen quien se la imparta», explican las fuentes consultadas.
Un destino que no resulta atractivo para nadie. Y menos cuando son de fuera en su mayoría. En Cataluña no hay centro de formación de controladores. Muchos de ellos son de Madrid o zonas cercanas porque, en muchos casos, son los que se lo pueden permitir. La licencia de control cuesta entre 65.000 y 70.000 euros, más todos los gastos de alojamiento y manutención si se es de fuera. Una barrera insuperable para muchos que para los controladores tendría solución con un centro de enseñanza en Cataluña o un sistema de becas. Mientras, los que siguen llegando son controladores del resto de España que se encuentran con un panorama poco alentador. A los problemas profesionales se suman los socio-políticos. Cataluña vive en tensión máxima desde hace más de dos años. «El procés resulta molesto por las incomodidades que genera cuando hay revueltas y demás», explican.
