Aseguran que la suspensión de los vuelos fue «una decisión política». La juez no admite las declaraciones de Enaire de aquellos días en el arranque del juicio de Madrid
Hoy ha arrancado en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid la última causa que queda abierta por el caos aéreo del puente de diciembre de 2010. El juicio sienta en el banquillo a 133 controladores acusados de abandono de función pública aquellos días. Un colectivo que, diez años después de los hechos, sigue manteniendo que no fue el responsable del cierre del espacio aéreo Centro-Norte durante 20 horas que afectó a más de 700.000 personas. En declaraciones a los medios antes de que arrancase la vista oral, Daniel Zamit, portavoz del principal sindicato del colectivo, Usca, ha acusado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entonces en el poder, de haber montado «un follón» para justificar la «militarización» tras declararse el estado de alarma por el cierre del espacio aéreo. Una decisión que ha tildado de «política».
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Zamit ha asegurado que los controladores ni cerraron el espacio aéreo ni hicieron ninguna huelga salvaje. Según ha explicado el portavoz de Usca, «todo el mundo se presentó al relevo y todo el mundo estaba trabajando, según consta en las declaraciones de los gestores de Aena». Según el representante sindical, el origen del problema fue que «veníamos denunciando todo el año carencia de personal. En noviembre se dieron cuenta de que no llegábamos a final de año prestando el servicio de control. La única solución que encontraron fue montar un follón de tal calibre para justificar una militarización para no trabajar con arreglo al estatuto de los trabajadores sino bajo código de disciplina militar». Zamit ha recordado que veinte juzgados de España han absuelto a los controladores con unos argumentos que en Madrid «no parece que sirvan».
Acción coordinada
La visión de los hechos de la Fiscalía es muy distinta a la de este colectivo. Durante la primera sesión del juicio, la fiscal Ana Sanz ha asegurado que en aquellos días, los controladores abandonaron sus puestos de trabajo, causando un evidente perjuicio a un servicio público. Ello, ha proseguido, ocurrió en una acción concertada y colectiva con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal, extremo en el que coincidió con la Abogacía del Estado. Estas acciones, ha continuado, se hicieron de manera consciente y coordinada al margen de cualquier convocatoria formal de huelga por parte de USCA, que en aquel momento negociaba con Aena el segundo convenio colectivo del personal aeronáutico.
En la sesión de hoy, la juez Margarita Valcarce ha rechazado durante la presentación de cuestiones previas la petición realizada hace un mes por 14 de los controladores de que se difundieran las conversaciones de aquellos días de Enaire. La magistrada ha considerado que «no es el momento de admitirlas» diez años después de los hechos. Estos 14 acusados son los únicos que no han llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid de los 133 encausados. El resto, 119, ha aceptado pagar una multa de 21.000 euros (31.500 en el caso de los representantes sindicales) y una suspensión de empleo de cinco meses. Ayer, de hecho, acudieron a la sesión 30 controladores, 22 de los cuales han conformado el acuerdo. Otros ocho eran público. Los que no han llegado a un acuerdo con la Fiscalía madrileña se enfrentan a multas que pueden oscilar entre los 60.000 y los 75.000 euros. No obstante, tienen hasta el próximo día 29 para adherirse al acuerdo.
