35 de cada 100 euros que gana un trabajador acaban en las arcas de Hacienda por el pago de impuestos y cotizaciones sociales. Esa es una de las principales conclusiones del análisis realizado por el Consejo General de Economistas de España a través del estudio «Factura fiscal de los hogares españoles» -con datos oficiales de la Agencia Tributaria-, que determina que en el caso de las rentas medianas, la factura fiscal completa de los hogares españoles oscila entre el 31% y el 35%, según el nivel de renta y la composición del núcleo familiar.
El estudio pone varios ejemplos para demostrarlo: una familia formada por una pareja con dos hijos con unas rentas mensuales de 3.639 euros deberían afrontar unos impuestos poor valor de 1.153.42 euros, es decir el 31,69% de sus impuestos, con lo que «su renta mensual disponible sería de 2.486 euros que es lo que le quedaría para pagar los gastos de alquiler de vivienda, luz, agua, gas, teléfono, comida, transportes, ropa, colegios, etc», apuntó el director del Servicio de Estudios del CGE y coordinador de este trabajo, Salvador Marín, que ha incidido en que los hogares tipo -ya sea de una persona sola, como pareja sin hijos, con un hijo o con dos hijos-, con unos tipos de IRPF que oscilan entre el 13,76% y el 17,23%, pasan a tener una factura fiscal que se sitúa entre el 31,71% y el 35,35%, lo que supone un incremento de los tipos iniciales del IRPF de más del doble» al incluir todos los tributos -tanto los directos, como indirectos o los especiales relacionados con el consumo de los hogares, u otros como los que se aplican sobre el factor trabajo (cotizaciones sociales) o los impuestos estatales, autonómicos y municipales (IBI, tasa de basuras o el impuesto sobre las primas de seguros, entre otros)-.
Los conceptos impositivos que más pesan en la fiscalidad familiar son el IRPF y el IVA, a los que habría que añadir la Seguridad Social a cargo del trabajador, que entre las rentas más representativas, suponen alrededor del 85% de la suma total de la factura fiscal completa.
El estudio también examina la carga tributaria por tipo de hogar, no sólo por nivel de renta, y constata que el impuesto predominante para todas las familias es el IRPF, que no solo tiene en cuenta los ingresos, sino también la situación personal y familiar. En este sentido, los analistas del CGE concluyen que mientras a las rentas medias-bajas y medias el mínimo por hijo no les afectaría, ya que están exentas de pagar, «no obteniendo así ningún tipo de beneficio por descendientes», en las rentas medias-altas el número de hijos sí que influye significativamente en el tipo medio total, «disminuyéndose conforme aumentan los descendientes, y llegando a estar exentos de pagar en su totalidad a partir del quinto hijo».
El trabajo también analiza el impacto impositivo de las comunidades autónomas y refleja que, a través de una tarifa general, los mínimos o deducciones diferentes en la cuota provocan que el peso de la cuota autonómica sobre el total pagado por el IRPF sea altamente heterogénea y suponen unas importantes diferencias. Por ejemplo, en el extremo más elevado se sitúan Cataluña y Baleares, cuya cuota autonómica representa casi el 52% de la total, mientras que en Madrid y Canarias la cuota autonómica es la más baja y supone en torno al 47%. «Esta distribución del porcentaje efectivo de participación de cada nivel de gobierno puede diferir a lo largo de la distribución de la renta, o dependiendo de las circunstancias personales y familiares del contribuyente», explicó Alejandro Esteller, del Instituto de Economía de Barcelona (IEB).
Con un ejemplo tipo, el informe señala que al tomar como referencia la cuota total del IRPF para un contribuyente soltero sin hijos y con la renta mediana nacional para todas las regiones se constata que un hogar catalán -el que más presión fiscal sufre- paga 338 euros más que uno canario si tomamos la cuota máxima (3.435, en Cataluña) y la comparamos con la mínima (3.097, en Canarias). Los economistas apuntan que si se introdujera la paridad de poder adquisitivo (PPA), «las diferencias entre comunidades aumentarían». Por tanto, las cuotas pagadas en las comunidades con mayor poder de compra, donde el precio de una cesta de consumo representativa es mayor, «son menos gravosas que donde el nivel general de precios es menor». Así, la mayor diferencia llega a ser de 1.166 euros, si comparamos la cuota máxima pagada en Extremadura, de 3.888 euros, con la menor de Madrid, con 2.722 euros. «Al tener en cuenta la paridad adquisitiva, sí que se producen grandes cambios en el orden de cuotas».
