45.000 millones. Esa es la desorbitada inversión que reclama la Cámara de Comercio de Barcelona –vinculada a los sectores independentistas–, que ha calculado que Cataluña necesita esa inversión hasta el año 2030 para eliminar el déficit de su stock de infraestructuras. Si el presupuesto de Fomento en 2018 –y también de 2019, al estar prorrogado por la ausencia de Presupuestos– es de 7.876 millones de euros, significa que se necesitarían casi seis presupuestos anuales del ministerio para satisfacer sus demandas, o lo que es lo mismo, el equivalente al 19% del peso de la comunidad catalana en el PIB español.
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Según sus reclamaciones, esta inversión debería ser satisfecha, además de por el Estado –que asumiría la mayor parte de la inversión, superior al 60%–, por el resto de administraciones, la Generalitat y los ayuntamientos. De momento, y a día de hoy, los empresarios barceloneses reclaman al Ejecutivo nacional 8.000 millones de euros por proyectos en la región que han quedado pendientes de ejecución durante el período 2001-2018, aunque, según sus propias estimaciones, el grado de ejecución de estos planes de infraestructuras alcanzó un más que razonable 73,7% de media. Y puestos a echar las cuentas de la lechera, el informe asegura que este déficit de 8.000 millones ha dejado de generar cerca de 20.000 millones de euros de facturación adicional y de crear 111.500 puestos de trabajo a tiempo completo, lo que habría generado unas rentas salariales de 3.776 millones de euros y unas rentas fiscales y de cotizaciones de 3.895 millones de euros.
Denuncian que el déficit inversor del Estado ha costado 111.500 empleos en Cataluña
En estas reclamaciones han vuelto a usar el ya desacreditado «España nos roba» en el estudio «Impacto económico del déficit de inversión en infraestructuras del Estado en Cataluña», presentado por la Cámara, y que contó con la presencia y las bendiciones del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante el cual exhibieron toda una batería de datos estadísticos, que resumieron en uno: el Estado ha invertido «solo» 107 euros anuales de media por cada catalán, frente a los 136 de media del resto de autonomías, un 27% menos, siempre según el estudio, que asegura manejar datos de Fomento.
Torra no quiso desaprovechar el momento para reiterar su cantinela y afirmó que el informe «pone cifras al impacto de la desconexión del Estado en relación a Cataluña». Pero estas letanías no tienen una base real o como mínimo, Cataluña sufre similares deficiencias de inversión que otras regiones españoles, o incluso mucho menos. En 2018, uno de los ejercicios que el informe destaca como crítico, cuatro comunidades concentraron casi la mitad de las inversiones de Fomento, el 45,91% del total y 8.393 millones de euros: Cataluña, Andalucía, Castilla y León y Galicia, siendo la región catalana a la que más dinero le correspondió. En concreto, recibió el 14,83% de las inversiones regionalizables, la que más, con un total de 1.245 millones de euros, un 16,7% más que en 2017. Y más de la mitad de estos fondos fueron destinados a las líneas ferroviarias, otra de las demandas del informe.
En cualquier caso, para la Cámara de Comercio de Barcelona eso no parece suficiente. En sus cuentas, la inversión bruta anual se situaría en 3.800 millones anuales, un aumento sustancial respecto a los 2.576 millones de inversión bruta en infraestructuras que Cataluña recibió de media en el periodo 2001-2013, el doble de la cantidad que recibió, por ejemplo, una región análoga como es la Comunidad Valenciana. Pese a ello, cifran el impacto económico de la no ejecución por parte del Estado de una cuarta parte de la inversión presupuestada en Cataluña en un 3,3% del PIB catalán.
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