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Los empresarios presionan para elevar la edad de jubilación

Los empresarios entran en campaña con una batería de propuestas para sortear la «desaceleración económica» que atraviesa España con un documento en el que enmiendan las políticas con las que Pedro Sánchez pretende ganar las elecciones. En concreto, la CEOE presentó ayer un texto de 30 páginas en el que bajo el epígrafe «Propuestas empresariales ante las elecciones» demanda elevar la edad de jubilación «a medida que lo haga la esperanza de vida» para mantener la sostenibilidad del sistema. Además, los empresarios solicitan que se determinen claramente las prestaciones de carácter contributivo y su financiación mediante cotizaciones de empresarios y trabajadores. Las prestaciones de carácter no contributivo deberían de ser asumidas por el Estado para permitir «una rebaja del tipo de cotización a cargo del empresario», lo que redundaría en un aumento del empleo, según la patronal.

Asimismo, los empresarios inciden en la necesidad de ajustar las prestaciones por incapacidad temporal por contingencias comunes, así como de fomentar el desarrollo de un sistema complementario a las pensiones públicas a través de «la colaboración público-privada, de fondos y seguros privados». En este apartado, también solicitan mayor control sobre el absentismo, con mayor poder para las mutuas respecto al control de las bajas laborales por contingencias comunes y una mayor lucha en el fraude en las cotizaciones.

El Gobierno de Sánchez se niega a tocar la edad legal de jubilación, que quedará en 2027 en los 67 años si se han cotizado menos de 38 años y 6 meses o en 65 años si se ha cotizado más. La edad de jubilación efectiva en 2018 se situó en 62,7 años frente a la edad legal, ligeramente superior a los 65 años. La AIReF prevé que la edad real de retiro alcance en 2027 los 64,5 años.

Al margen de la salud de la Seguridad Social, los empresarios también exigen un marco que favorezca la reducción de la presión fiscal de las empresas y el mantenimiento de reformas estructurales, como la laboral.

En materia fiscal, pide eliminar la limitación para que las empresas puedan deducirse las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, corregir la doble imposición con la exención total de dividendos y ganancias patrimoniales y aplicar incentivos fiscales a la inversiones que impliquen creación de empleo. La CEOE también pide la exención de cualquier tipo de tributación patrimonial a los activos y participaciones empresariales mediante la eliminación del impuesto de patrimonio o la reducción del de sucesiones y donaciones, y la supresión muchos impuestos autonómicos.

Respecto a nuevas figuras impositivas, la patronal apuesta por evitar la introducción sobre todo si afectan a determinadas empresas y sectores, en cuyo caso pide que se compense con una deducción íntegra del impuesto de sociedades y otras tasas fiscales.

Asimismo, los empresarios quieren arrancar a los partidos políticos un compromiso con el proceso de reformas estructurales emprendido durante la crisis. En este sentido, piden que se mantenga el cese de la ultraactividad, la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial y la regulación de las inaplicaciones de las condiciones de los convenios. Aspectos todos que el Gobierno de Sánchez quería modificar de acuerdo con los sindicatos y que se ha frenado ante la falta de apoyos en la Diputación Permanente del Congreso. En la misma materia laboral, la CEOE aboga por no limitar la subcontratación, por configurar un sistema de contratación claro que atenúe la dualidad entre temporal e indefinido, y que mejore las condiciones del tiempo parcial.