Los fondos buitre, contra el derecho a la vivienda

El Salto

El fondo norteamericano Blackstone compra 4.500 pisos en alquiler del Banco Sabadell. Valorados en 450 millones de euros, se trata de la mayor adquisición en bloque de viviendas de la banca realizada en los últimos años, nos explicaba el periódico económico Expansión en enero de 2016.

El fondo de inversión holandés DIF ha comprado el Hospital Puerta de Hierro y el británico Aberdeen el de Arganda y, parcialmente, los de Parla y el Henares (Coslada). Todos ellos son hospitales público-privados del modelo PFI. Ambos fondos quieren repetir el pelotazo del fondo de inversión CVC, que vendió el Grupo Quirón a la multinacional Fresenius por casi 6.000 millones de euros –este grupo tiene 4 hospitales privatizados de Madrid, el Infanta Elena-Valdemoro, Fundación Jiménez Díaz, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el de Villalba–. Así nos los cuenta la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid en uno de sus últimos comunicados.

La creciente penetración de los fondos de inversión internacionales en la economía española ha venido, en los últimos años, de la mano de la enorme crisis sufrida por España, que ha abaratado enormemente los activos. Y, por otro lado, del proceso de privatización y mercantilización de los bienes y servicios públicos, que ha sacado al mercado auténticas ‘gangas’. El emergente poder de los fondos en el accionariado de las empresas del Ibex 35 queda de manifiesto si nos centramos en las cifras de uno de los más poderosos: Black Rock.

Black Rock es la mayor gestora de fondos del mundo, con 5,1 billones de dólares en activos bajo gestión (4,7 billones de euros). Tiene presencia en todas las empresas del Ibex 35 donde controla un 3,7%, una participación que, a precios de mercado, supera los 18.000 millones de euros. El sector financiero es uno de los favoritos de BlackRock. La firma es propietaria de acciones de Popular, Sabadell, Bankia, Bankinter, CaixaBank y Santander. Pero por encima de todas ellas destaca BBVA.

La penetración de los fondos en nuestra economía no se acaba en el Ibex 35: gran parte de las ventas de vivienda y suelo de la Sareb se han realizado a fondos internacionales como Blackstone o Lone Star, que también se han hecho con grandes promociones inmobiliarias de la banca privada, así como con hospitales, empresas de renovables y emprendimientos en muchos otros sectores.

Destaca, por sus directos efectos sobre la ciudadanía afectada, la intervención de los llamados “fondos buitres”, dedicados a adquirir vivienda pública, deuda de las administraciones públicas o activos con problemas. Posteriormente los rentabiliza por la vía de su mercantilización extrema, expulsando a los habitantes originales de las viviendas o evitando entrar en las reestructuraciones de la deuda pública, para demandar posteriormente a los Estados en crisis.

La Comunidad de Madrid, por ejemplo, subastaba hace pocos años casi 3.000 viviendas públicas que iban a parar a EnCasaCibeles, una empresa participada principalmente por Azora, un fondo de inversión en patrimonio inmobiliario, participado a su vez en un 98 % por Goldman Sachs. Asimismo, el ayuntamiento de la capital vendía otras 1860 viviendas públicas protegidas a Magic Real Estate-Blackstone, por 128,5 millones de euros. Ambas operaciones se encuentran en los tribunales penales por lo irregular de las concesiones y lo exiguo de lo pagado por un negocio con patrimonio público, que permitiría a Azora, por ejemplo, obtener unos beneficios del 211%.

Los perjuicios derivados del negocio para los inquilinos de EncasaCibeles fueron inmediatos: cobro del IBI, pérdida de ayudas sociales imprescindibles para personas en situación de exclusión social, desaparición de las Juntas de Vecinos, abandono de los pisos, aparición de delincuentes que ocupaban los pisos vacíos ante la pasividad de la nueva administración, desahucios exprés, obligación de ejercitar la opción de compra por precios exorbitantes –acordados en lo más alto de la burbuja inmobiliaria–… Recordemos que se trata de inquilinos de viviendas de protección oficial, que acreditaron, precisamente, su ausencia de recursos para obtener sus alquileres.

Azora posee otras 300 viviendas públicas en Barcelona. Fundada en 2003, gestiona más de 3.000 millones de euros. Su presidente es Juan del Rivero, que ha trabajado 23 años para Goldman Sachs –de hecho fue el primer español en ser nombrado partner de esta empresa global de inversiones–. También tiene un alto cargo en Omega Capital, el family office de Alicia Koplowitz, y, según los medios, tuvo un gran papel en la ola de privatizaciones de las últimas décadas, tanto con los gobiernos del PP como con los del PSOE. Los proyectos de Telefónica y Repsol pasaron por sus manos. Fue uno de los grandes introductores de la banca de inversión en España e intervino en la primera titulización de créditos hipotecarios realizada en nuestro Estado por parte del Banco de Santander en 1993.

Goldman Sachs, por su parte –real propietaria de Azora y, por tanto, de EnCasaCibeles– destaca tanto por su enorme volumen de activos, como por su cercanía al poder político. Gran parte de los más altos dirigentes de la Casa Blanca han estado vinculados con esta firma de inversión transnacional, como Steven Mnuchin, secretario del Tesoro con Donald Trump, el tercer banquero proveniente de esta entidad en que se encarga de las cuentas de la primera economía del planeta en 25 años.

Como afirmaba en una entrevista el consejero delegado de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, en 2009, en plena crisis subprime, “hacemos el trabajo de Dios”. Un trabajo que el propio Blankfein resumía así: “Hacemos mil operaciones de compraventa por minuto. Podéis llamarnos un casino. Pero es un casino muy importante para la sociedad”. Por la actuación de este casino, la revista Rolling Stone, definió, en un célebre artículo, a Goldman Sachs como un “gran calamar vampiro que envuelve la cara de la humanidad de forma implacable y que chupa la sangre de cualquier cosa que huela a dinero”.

Y la vivienda pública española, ya lo hemos visto, huele a dinero para los grandes fondos de inversión internacionales. Algo que no sólo pone en cuestión la concepción de lo público que puedan tener nuestros dirigentes políticos, sino también su concepto de la soberanía nacional. A lo mejor resulta que tanto lloro y lágrima fácil sobre el independentismo catalán no es otra cosa que una forma de encubrir la gran venta de saldo de los activos más preciados de la economía española, que están pasando a manos de los grandes especuladores globales, hipotecando nuestro futuro.

Un futuro oscuro que se vuelve un lóbrego presente en el caso de las personas que tienen que sufrir en sus carnes, por ejemplo en lo relativo a su derecho a la vivienda, esta actuación inmisericorde de los grandes tiburones de las finanzas globales. Como nos cuenta Montse, una de las habitantes de uno de los bloques vendidos por el IVIMA a EnCasaCibeles, entrevistada expresamente para la realización de este artículo: “Ahora mismo están enviando cartas por finalización de contrato a los que estamos de alquiler. Sobre todo a personas que pagan. Me temo que es porque piensan que si tienes dinero, no tendrás derecho a justicia gratuita y esto te echara atrás. En realidad a mucha gente le ocurre esto. Por otro lado hay algunas órdenes de desahucio por impago y los que tienen opción a compra también están recibiendo cartas diciendo que se les ha acabado el plazo para ejercerla. Yo tuve una denuncia por final de contrato y la juez desestimó el caso diciendo que son pisos de protección oficial y mientras yo tenga la misma situación que cuando se me adjudicó y cumpla, tengo derecho a estar aquí. Sé que ellos pueden recurrir la sentencia, sé que no se van a dar por vencidos. Yo tampoco.

No hay ningún proceso de negociación con nosotros, sólo quieren echarnos. Ni siquiera con los que tienen opción a compra. Les ponen un montón de trabas. Y la Comunidad de Madrid sigue aferrándose a que la venta fue legal y necesaria para las arcas públicas. No se acuerda de las personas a las que engañó y no da ninguna solución”.

¿Soluciones? A este proceso acelerado de desposesión que pone en cuestión tanto los mecanismos de redistribución que fundamentarían el Estado Social, como la soberanía nacional y las condiciones de vida de la clase trabajadora, sólo se puede oponer la acción concertada de los organismos de defensa de las clases populares y la solidaridad y apoyo mutuo de quienes queremos vivir vidas con sentido. Nos queda la autoorganización y empoderamiento popular como única salida viable para lograr imponer a los tiburones globales de las finanzas –y a los políticos y gestores a su servicio–, soluciones efectivas que abran el camino a un rediseño completo de nuestra vida social. Y, con ella, de los mecanismos de acceso a la vivienda de las clases populares. Os dejamos con Montse y con su lucha. Una de esas luchas que deberíamos apoyar todos y todas: “Nosotros seguimos organizados en la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA, esperando que el juicio avance y sabiendo que seguramente vamos a pasar, todos los que resistamos, por un proceso civil de desahucio. De momento el hecho de que exista la causa penal, hace que muchos jueces no desalojen, porque no quieren entrar en contradicción con lo que luego salga. Seguimos manifestándonos, seguimos mandando notas de prensa, recordando que estamos aquí, que el problema sigue sin solución. Esto es un resumen de lo que ocurre, sólo luchando conseguiremos algo. Saludos.”

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