Ha pasado una semana desde la aprobación del estado de alarma y los empleados públicos dependientes de la Administración Central van a comenzar a ser citados para que recojan en los departamentos donde se les indique los equipos informáticos con los que deberán teletrabajar en las próximas semanas. La extrema gravedad de la situación ha pillado desprevenidas a casi todas las instancias del Estado y en los ministerios, por ejemplo, se ha activado ahora un plan logístico para activar el trabajo domiciliario en aquellos puestos donde no se requiera la ineludible presencia de los funcionarios. Se trata, además, de mantener activo todo el aparato estatal para asegurar el correcto funcionamiento de todas las estructuras del país y disponer de una movilización más activa de los empleados públicos ajenos al sistema sanitario para sofocar cuanto antes las consecuencias de la expansión del coronavirus. Así, los empleados públicos con tareas administrativas han comenzado a recibir notificaciones y llamadas para ponerse en contacto con sus respectivos departamentos informáticos, para proveerlos de los equipos en el caso de que no dispongan de los medios necesarios.
Compras masivas de portátiles
La crisis del covid-19 ha pillado en pañales a la Administración General del Estado, al igual que a las municipal y autonómica. Ninguna de las tres han aprovechado los años de bonanza económica para prepararse ante una eventual emergencia nacional, que forzara a sus efectivos a trabajar desde sus domicilios, y, por ende, a adaptarse a los nuevos aires laborales del siglo XXI, en el que comienza a imperar el teletrabajo. De hecho, las plantillas de los niveles intermedios de la Administración están acudiendo a sus puestos de trabajo divididas por la mitad, unas en días pares y otras, en días impares. En algunos departamentos, unas se presentan en sus puestos por la mañana y otras, por la tarde. Con esos turnos se pretende evitar que compartan el mismo espacio grupos de más de diez personas. En otros departamentos, directamente no están acudiendo a sus puestos de trabajo. De hecho, las tres administraciones tienen, prácticamente, paralizados sus trámites burocráticos.
En este escenario, cada Ministerio, que cuenta con portátiles, pero no en número suficiente como para repartir entre todo su personal, ha comenzado la adquisición masiva de ordenadores portátiles para que sus funcionarios puedan quedarse en sus hogares teletrabajando y cumplir, así, con la obligación de permanecer en nuestras casas establecida por el Gobierno en el decreto de estado de alarma.
En una situación de normalidad, estas compras las realizaría el Ministerio de Hacienda, encargado de centralizar cualquier adquisición para controlar los gastos y conseguir material a precios más asequibles. Sin embargo, en estos momentos excepcionales de alarma, cada departamento está realizando las suyas, con el fin de suplir sus deficiencias informáticas y dotar, de esta manera, a todos sus cargos intermedios de portátiles.
Así lo admite a este periódico el Ministerio de Hacienda, que reconoce ignorar la cifra que se está invirtiendo, con cargo a créditos extraordinarios, en la adquisición de estos equipos en cada Departamento. Es más, Hacienda está ahora “evaluando sus propias necesidades como Ministerio”, por lo que tampoco cuenta con cifras de inversión.
De momento, las compras se están realizando ya en algunos ministerios y, en otros, como Hacienda, evaluándose las necesidades. Es decir, después de seis días de decretar el Ejecutivo de Sánchez el estado de alarma, la Administración General del Estado no cuenta con portátiles suficientes para los funcionarios integrantes de los grupos A y B.
Este escenario representa que miles de funcionarios que podrían teletrabajar desde casa no lo están haciendo y están acudiendo a sus puestos de trabajo, incumpliendo la orden del Gobierno. Mientras, otros, los dedicados a trámites meramente burocráticos, permanecen en sus hogares.
