La situación de interinidad del Gobierno trae de cabeza a los funcionarios. En ausencia de presupuestos y con la parálisis del Ejecutivo, Hacienda ha descartado hacer efectiva por decreto la subida salarial del 2% pactada con los representantes de los funcionarios para 2020. De esta manera, si nada lo remedia, más de 2,5 millones de empleados al servicio de las administraciones públicas se verán perjudicados por la disfuncionalidad del Gobierno y su negativa a hacer efectivos los acuerdos alcanzados con los sindicatos. La medida implica la congelación de las nóminas de los funcionarios hasta que quede constituido con plenas facultades un nuevo Ejecutivo y un agravio respecto a los pensionistas. En este caso, Sánchez sí ha considerado “urgente” una subida del 0,9% (unos 10 euros más al mes) y así podría refrendarlo en el último Consejo de Ministros del año, con la aprobación de un real decreto ley –pactado con el resto de partidos políticos– en el que se incluiría una cláusula de actualización en 2021 en caso de que el IPC fuera superior a ese 0,9%. Para más inri, los funcionarios podrían pasar varios meses de 2020 con los sueldos congelados, ya que Hacienda considera que la subida no debería ser efectiva hasta que se aprueben los nuevos presupuestos del Gobierno socialcomunista.
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El coste de la subida podría llegar hasta los 4.575 millones de euros
Ante esta eventualidad, los funcionarios pretenden presionar al Gobierno para que apruebe por real decreto ley el alza del 2% para 2020. Y, para ello, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha preparado un informe jurídico que detalla un arsenal de diez puntos con antecedentes y argumentos que respaldan esta decisión y que serán utilizados en los tribunales si el Gobierno “sin más demora” no aprueba un real decreto-ley para hacer efectiva la subida salarial.
Entre los puntos que figuran en el informe que presentará hoy CSIF en el Palacio de la Moncloa, destaca la subida salarial del 0,25% adicional para los funcionarios aprobada el pasado 21 de junio, con efectos de 1 de julio, con el Gobierno en funciones. Sánchez se sirvió entonces del real decreto-ley de 21 de diciembre de 2018 en el que, con carácter urgente y por interés general, como corresponde a este acto ejecutivo, el Gobierno socialista aplicaba la subida de 2019 a todos los empleados públicos. Entonces, el Gobierno en funciones de Sánchez se justificó en los siguientes términos: de no tomar esta medida, “se congelarían las retribuciones de todos los empleados del sector público autonómico y local, sin que existan razones de política económica que justifiquen dicha situación”. El II Acuerdo para la mejora del empleo público, firmado en marzo de 2018, preveía una subida salarial fija del 2,25% en 2019 para los empleados públicos, que ya se aplicó en enero, más un alza variable del 0,25 % si el PIB de 2018 aumentaba más de un 2,5%, un repunte que finalmente fue del 2,6%.
Sin confianza en un nuevo Gobierno
CSIF considera que, si entonces concurrieron las premisas de interés general y de urgente necesidad, ahora concurren también las mismas circunstancias. En este sentido, el sindicato mantiene que a falta de medio mes para el arranque del nuevo año “no parece probable que para entonces se haya formado Gobierno”. Además, el sindicato más representativo de la Función Pública, mantiene que la subida salarial a los funcionarios, aplicada de manera sucesiva en 2018 y 2019 por gobiernos de PP y PSOE, acredita que se trata de un acto administrativo y ejecutivo, que entra dentro del denominado “despacho ordinario de asuntos públicos”. El despacho ordinario de asuntos públicos comprende “todos aquellos cuya resolución no implique el establecimiento de nuevas orientaciones políticas ni signifique condicionamiento, compromiso o impedimento para las que deba fijar el nuevo Gobierno”. Además, CSIF recuerda que la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado recientemente cuatro decretos del Gobierno en funciones sobre asuntos “urgentes”, como la organización de la Cumbre del Cambio Climático o medidas sobre administración digital, entre otras.
El Plan Presupuestario de 2020 que el Gobierno hizo llegar a Bruselas en octubre incluía una subida salarial del 2,3% para los empleados públicos (2% fijo más un 0,3% procedente de fondos adicionales), tal y como se acordó con los sindicatos. El coste de esta subida se cifra en 3.264 millones de euros. No obstante, podría llegar a los 4.575 millones si la economía española crece por encima del 2,5%, en cuyo caso la subida sería del 3,3% tras sumar un alza adicional del 1%.
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