No habrá tregua en la Inspección de Trabajo «hasta que se cumpla con lo firmado y lo prometido. La convocatoria electoral y que el Gobierno esté en funciones es evidente que trastoca todas las estrategias y tiempos, pero ello no puede llevar al abandono en la defensa de las medidas pactadas y recogidas en el acuerdo que sigue sin cumplirse». Los sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) han confirmado que mantendrán sus acciones de protesta contra los «incumplimientos» del Gobierno para reforzar este organismo, pese al adelanto de las elecciones generales para el próximo 23 de julio. También seguirán adelante con las concentraciones, los paros parciales diarios, la presentación de las correspondientes denuncias ante la Comisión Europea y ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, finalmente, la huelga general en el organismo.
Todas estas acciones han sido rubricadas en una Asamblea General con toda la plantilla de la Inspección, en la que se ha ratificado la convocatoria del paro total de la actividad en la Inspección en la última semana de junio, a partir del día 26, «esperando y deseando que en este espacio de tiempo sea posible cerrar la decisión que permita cumplir el acuerdo, que no colisiona en nada ni con principios legales ni tampoco presupuestarios», explicaron fuentes sindicales, que advierten que, si nada cambia, «como parece la intención del Gobierno en estos dos meses hasta las elecciones», todo desembocará en una huelga total.
Hace apenas una semana, los sindicatos CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess mantuvieron varias reuniones con representantes del Ministerio de Trabajo, que les comunicaron que el Ministerio de Hacienda y Función Pública había dado su negativa para dar el visto bueno a una reforma de la relación de puestos de trabajo (RPT) del organismo. Fuentes del ministerio de Yolanda Díaz manifestaron su malestar a los sindicatos y culparon de la situación a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, en un intento de acercamiento con los sindicatos para evitar el colapso del organismo. Sin embargo, los sindicatos cargaron contra las «guerras intestinas» en el Gobierno de coalición y responsabilizaron de la situación a partes iguales ambos ministerios, que «forman parte del mismo Gobierno», y, por tanto, «responsables de que no se cumpla el acuerdo al que el Ejecutivo llegó en 2021».
Las organizaciones sindicales argumentan que la anterior Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Inspección data de hace más de 20 años, por lo que es necesario dar cumplimiento a la que se acordó con los sindicatos e incorporar de manera inmediata los 500 efectivos que se habían prometido de manera urgente y progresivamente el resto de personal comprometido. La plantilla de la Inspección está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, que deben atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas. «No hay forma de ponerle punto final al conflicto en la Inspección. Ni siquiera puntos suspensivos. Lo que llevamos acumulado desde el 21 de diciembre del pasado año ha tenido como respuesta el más absoluto de los silencios de los responsables del Ministerio», denunciaron los sindicatos.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado hoy en el BOE la convocatoria de 1.610 plazas de personal laboral fijo en la Administración General del Estado, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2020, de las que 793 corresponderán al turno libre y 817 a promoción interna. Los puestos son para trabajar en delegaciones o subdelegaciones de Gobierno, el SEPE, la Inspección de Trabajo, el Museo Reina Sofía y el Centro Dramático Nacional. Esta oferta ya fue rechazada por los sindicatos de la Inspección por «querer comprarnos con dinero», refiriéndose al ofrecimiento de Montero de un incremento de 781 efectivos para inspectores y subinspectores y unos ingresos extras por productividad de seis millones de euros, «porque vuelven a mentir. No se pueden crear 781 plazas si no se aprueba una RPT previamente», pues sería «un acto ilegal», máxime cuando tanto desde Trabajo como desde Función Pública han confirmado que la aprobación de la nueva RPT no se llevará a cabo aunque esté aprobada y publicada.
