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Los letrados e inspectores de la Seguridad Social avisan sobre la ruptura de la caja única con la transferencia del Ingreso mínimo

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha avalado por unanimidad que el País Vasco y Navarra gestionen el ingreso mínimo vital (IMV), al considerar que, en su opinión, no afecta a la «caja única» de la Seguridad Social porque «replica el modelo de gestión que se viene aplicando para las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez», ha provocado el «absoluto rechazo» de los letrados de la Seguridad Social, que ayer advirtieron que traspasar el IMV a los gobiernos de estas comunidades «abre la puerta al traspaso de de más prestaciones y competencias del régimen económico de la Seguridad Social» y, por tanto, «se quebraría el sistema de igualdad de la caja única».

Así se manifestaron ayer desde la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que advirtieron de que esta decisión del Constitucional abre «de par en par» la puerta a aprobar más transferencias a las autonomías sobre la gestión del resto de prestaciones y del régimen económico de la Seguridad Social, «que será el siguiente paso a seguir».

Ambas organizaciones manifestaron en un comunicado conjunto su «profunda preocupación» por esta sentencia porque consideran que «reduce el papel del Estado prácticamente al de mero legislador», un simple intermediario, ya que el sentido de la caja única quedaría desvirtuado al perder su «funcionamiento económico uniforme». Los letrados denuncian que «el Tribunal desconoce la auténtica realidad de la gestión de la Seguridad Social y contradice pronunciamientos anteriores del propio Constitucional», que se habían manifestado a favor de la competencia estatal en esta materia y avalado su potestad normativa, que comprende las «facultades ejecutivas relativas a la actividad económica de la Seguridad Social, a la percepción de sus ingresos y la realización de gastos y todas las facultades de ejecución necesarias para configurar un sistema materialmente unitario»·, recuerdan.

Tanto los letrados como los inspectores de la Seguridad Social instan al Gobierno a que mantenga la gestión de las prestaciones y del régimen económico de la Seguridad Social y reclaman a los partidos políticos de ámbito nacional, a los sindicatos, a las patronales que defiendan la pervivencia de todas las atribuciones de la Seguridad Social y proteger la gestión estatal del Régimen Público de Seguridad Social sin sucumbir «a los cantos de sirena de un proceso desintegrador».