Jardim explicó que una serie de actividades han sido emprendidas por las fuerzas de seguridad brasileñas en cooperación con los países vecinos para controlar el flujo de este crimen, recordando que Brasil tiene una frontera seca de casi 17.000 kilómetros. De acuerdo con el representante del Movimiento Nacional en Defensa del Comercio Legal en Brasil, Fernando Bomfiglio, junto con las políticas públicas es necesario el compromiso con el análisis del impacto económico y social de las normas y de la política tributaria.
«Cuando se excede un nivel razonable de impuestos o regulación, tenemos el resultado contrario, que es el aumento de estos crímenes en el mercado negro», subrayó. Bomfiglio citó como ejemplo el comercio de cigarrillos en el mercado brasileño, donde 40 por ciento de las ventas en el sector son de artículos de contrabando.
