Los sindicatos de la Inspección de Trabajo no dan su brazo a torcer, se sienten engañados por el Gobierno, no creen en sus últimas promesas y exigen la «dimisión inmediata» de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por todo eso y por incumplir el acuerdo firmado en 2021 para reforzar la ITSS y que derivó en el «Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023», aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros a finales de ese año, pero que todavía no se ha implementado junto con el plan de modernización del organismo a través de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), también pendiente de aplicación.
«Desde 2021 solo hemos recibido falsas promesas y mentiras», explicaron a LA RAZÓN fuentes sindicales, que han recordado que «hay un plan aprobado en el BOE del 3 de diciembre de 2021 con la obligación de crear una estructura que refuerce la Inspección de Trabajo, plan que fue aprobado por los dos ministerios involucrados, Hacienda y Trabajo con unas declaraciones por escrito de Moncloa anunciando que ese plan iba a modernizar el organismo, un compromiso en mesa general de abril de 2022 para que juntos, Hacienda y Trabajo, reforzasen inmediatamente a la Inspección. Nada de eso se ha cumplido», ha denunciado Ana Ercoreca, del sindicato Sislass. A estos incumplimientos se une que «hay unos fondos europeos vinculados a la modernización de la Administración Pública -el compromiso 11, palanca 4- relacionados con la creación de la estructura, hay unos objetivos de la agenda 2030 -en los puntos 1,3 y 5- que también están por cumplir. ¿Con qué fuerza y con qué argumento se va a exigir el cumplimiento a los ciudadanos de las normas que se aprueban, cuando el propio Gobierno no cumple con sus obligaciones, incumpliendo lo firmado y publicado en el BOE?, se pregunta Ercoreca.
Por tanto, los sindicatos CCOO, CIG, CSIF, SITSS, SISLASS, UGT, UPIT y USESS mantienen las movilizaciones y seguirán en huelga parcial hasta el 30 de junio, fecha tope a partir de la cual convocarán un paro general en el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. A primera hora de la mañana de ayer, los funcionarios se volvieron a concentrar para exigir la dimisión de Montero, a la que han acusado de «querer comprar la Inspección con dinero», refiriéndose a una oferta de última hora lanzada por la titular de Hacienda y Función Pública, que incluye un incremento de 781 efectivos para inspectores y subinspectores y unos ingresos extras por productividad de seis millones de euros, «porque vuelven a mentir. No se pueden crear 781 plazas si no se aprueba una RPT previamente», pues sería «un acto ilegal», han incidido desde CC OO, máxime cuando esta misma semana tanto desde Trabajo como desde Función Pública han confirmado que la aprobación de la nueva RPT no se llevará a cabo aunque esté aprobada y publicada.
Los sindicatos de este organismo han vuelto a reiterar que se sienten «funcionarios de segunda clase» con respecto a otros departamentos, como los trabajadores de la Seguridad Social, con los que «se ha negociado con mucha celeridad y firmado un acuerdo», por lo que creen que hay «motivos políticos para que fracase la reforma de la Inspección de Trabajo, por la lucha de poder entre PSOE y Podemos, al estar Hacienda en manos de la socialista Montero y Trabajo bajo el control de Díaz y Podemos. En este sentido, desde CSIF han calificado la situación que se vive en la Inspección como «vergonzosa porque funcionarios de otros Ministerios sí han visto cumplidas sus reivindicaciones mientras que nosotros, que ya teníamos firmado un acuerdo, nos dejan de lado por sus guerras electorales».
Por tanto, el calendario de movilizaciones sigue sin cambios, con paros parciales hasta el 30 de junio, momento en el que los paros se convertirían en indefinidos, aunque fuentes sindicales no descartan adelantar la huelga general «si la situación empeora y los abusos contra la plantilla sigue creciendo», advirtieron desde los sindicatos, que se reunirán en los próximos días para barajar esta posibilidad.
