Europa quiere llegar donde los bancos no lo hacen para estimular la débil recuperación comunitaria. El Plan Juncker nació como un intento de sacar a la inversión privada de su parálisis animándola a financiar proyectos con un alto perfil de riesgo con el apoyo y la garantía del dinero comunitario. Ahora, los ministros de Economía y Finanzas han acordado dar luz verde a la propuesta de la Comisión Europea de aumentar su duración al menos dos años más, hasta 2020, y ampliar su capacidad de los 315.000 hasta los 500.000 millones de euros. «Europa se enfrenta a numerosos desafíos y la necesidad de estimular la inversión es uno de ellos. Debemos poner nuestro ladrillo en el edificio», ha afirmado Peter Kazimir, ministro eslovaco de Finanzas, país que ostenta la presidencia rotatoria de la UE.
Según los últimos datos de la Comisión, el plan ha movilizado hasta ahora 154.000 millones de euros con una inversión pública de 27.500 millones, en línea con lo esperado, si bien diversas casas de análisis han cuestionado que los proyectos financiados tengan un perfil de riesgo mayor al que habitualmente solía financiar en el pasado el Banco Europeo de Inversiones. En el caso de España, la inversión total aprobada asciende a 3.252 millones, el cuarto país de la UE que más ha recibido.
Las inversiones se han producido en 385 proyectos presentados en 27 de los 28 Estados miembros —solo Chipre no ha conseguido fondos para ninguno—. Según Bruselas, uno de cada tres euros ha ido a parar a pequeñas y medianas empresas, seguido de propuestas del sector energético, investigación y desarrollo, sector digital o transportes. Para esta segunda fase, Bruselas pretende corregir algunos de los fallos de los que se le acusa, entre ellos el mal reparto geográfico del dinero, en ocasiones acaparado por países que cuentan con una mejor estructura técnica para tramitar las ayudas.
Para evitar eso, Bruselas proporciona asistencia técnica a Grecia con un equipo que busca proyectos en lugar de esperar a que sean presentados en las oficinas habilitadas como sucede en el resto de países. Fuentes europeas reconocen que esta medida se tomó de forma excepcional teniendo en cuenta la situación económica del país heleno, y recalcan que la redistribución de recursos corresponde a los fondos de cohesión y no al Plan Juncker, cuyo objetivo es financiar proyectos con posibilidades de prosperar pero sin capacidad de captar fondos en el mercado.
