El primer Consejo de Ministros en plena campaña electoral bajó ayer el pistón económico de los viernes sociales de la era Sánchez. Sabedores que desde ahora serán examinadas al detalle cada una de sus decisiones, el Gobierno decidió mantener un perfil bajo y concedió 798 millones de euros. La partida más importante irá destinada al desarrollo del Marco Estratégico en Política Pyme 2030, junto a un paquete de medidas por un importe total de 456,1 millones de euros para impulsar el crecimiento y la internacionalización de las pymes, y a un programa de ayudas de eficiencia energética. De esta partida, un total de 98,5 millones irán destinadas a la empresa pública Enisa para distribuirlos entres áreas: la expansión de negocio, mejora de competitividad de las pymes y el desarrollo de proyectos de empresas de base tecnológica y de jóvenes emprendedores, mientras que otros 50 millones, con cargo al fondo del FIEM,darán apoyo financiero a las pymes en su internacionalización. Con ello el Gobierno estima que se crearán 1.600 empleos directos y se movilizarán 220 millones de inversión. El mayor importe, 307 millones, se destinará a un programa de ayudas de eficiencia energética. El objetivo se centra en la reducción del consumo de energía final en pymes y grandes empresas del sector industrial, que representan el 25% del consumo final de energía del Estado. La mayor partida se destinará a Andalucía, con 73,8 millones; seguido de Cataluña (49,5), Castilla y León (32,4), Comunidad Valenciana (31,2), Madrid (23,7) y Murcia (21,8 millones).
El Gobierno también ha aprobado dos contratos por un total de 164,3 millones de euros, en el marco de la Estrategia para la Modernización de la Justicia, con el fin de proporcionar a los juzgados, tribunales y fiscalías las herramientas informáticas más avanzadas que facilite el intercambio de información entre las comunidades autónomas que tiene competencias transferidas y las que gestiona el propio Ministerio de Justicia. El primero de los contratos, valorado en casi 100 millones de euros, se destinará a la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Fomento, para el apoyo a la Justicia Electrónica, la gestión del centro de desarrollo y la transformación digital de sedes judiciales. El contrato tiene una vigencia hasta 2022. El segundo de ellos, estimado en 64,3 millones euros, durará cinco años y tratará de dar «continuidad operativa» a los servicios de Justicia Digital, Fiscalía Digital y el resto de sistemas que dan apoyo a las oficinas judiciales, fiscales, registros civiles, Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
También se distribuirán 109,5 millones de euros entre las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla para la asistencia integral a víctimas de violencia de género, víctimas de agresiones sexuales y maltrato a menores; 20 millones de euros a la restauración de minas clausuradas; 29 a blindar las comunicaciones de los militares desplegados en el exterior, y otros 20 para que las autonomías puedan renovar instalaciones del Servicio Público de Empleo.
