La regla de gasto es uno de los instrumentos más perversos y delirantes de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que desarrolló el artículo 135 de la Constitución reformado en 2012. Mediante la regla se impide que los ayuntamientos puedan utilizar los superávit presupuestarios que han logrado en financiar otra cosa que no sea la amortización de la deuda, incluso si no la tiene. Esto lleva a situaciones antieconómicas y surrealistas como que los ayuntamientos acumulen 20.000 millones de euros en depósitos de efectivo, el mayor saldo de su historia.
Dado que el nivel de déficit de España es la suma de los niveles de déficit de las diferentes administraciones –central, autonómica, local y Seguridad Social– el gobierno central necesita el superávit de los ayuntamientos para cuadrar las cuentas del conjunto del sector público y poder cumplir con los objetivos que marca Bruselas. Sólo en 2016, las cuentas locales se cerraron con un superávit del 0,6% del PIB, mientras que la Administración Central tuvo un déficit del 2,7%. El superávit de los ayuntamientos permite al Gobierno financiar su mala gestión y la política laboral que genera el déficit en la Seguridad Social. Por este motivo, el superávit de los ayuntamientos es tan importante para Montoro.
La regla de gasto, por tanto, es perversa en sí misma. Pero además, su ejecución ha sido arbitraria e irracional, incluyendo cambios de criterio a mitad de la partida con el fin de que Madrid no cumpliera la regla de gasto. Para empezar, el gasto y la inversión de cada municipio se calcula en base a una tasa de referencia del PIB que es no es observable, es decir, es un cálculo que permite mucha discrecionalidad al gobierno. En segundo lugar, su aplicación depende por completo de criterio de Hacienda, que puede cambiar en función de sus intereses: Montoro aplicó en el Ayuntamiento de Madrid unos criterios de cálculo en abril, y otros totalmente diferentes en octubre. Además, Hacienda utiliza la regla de gasto contra Madrid a pesar de que tiene 1000 millones de superávit y ha liquidado ya el 40% de la deuda que le dejó el PP, es decir en dos años ya ha reducido la misma deuda que redujo Botella durante todo su mandato. Sin embargo, permitió mucha mayor flexibilidad en la interpretación de la norma ante otros ayuntamientos, como como el de Jaén, gobernado por el PP.
La propia AIReF –Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, organismo creado por la intervención de la Troika en nuestro país– se ha declarado “incapaz de evaluar” la regla de gasto y ha exigido su reforma. La AIReF reconocía recientemente que no entiende por qué se tutelaron las cuentas de Madrid cuando “no es un ayuntamiento en una mala situación; su evolución está siendo la correcta”. En definitiva, Montoro usa la regla de gasto de forma partidista, de la misma manera que Fernández Díaz usó a la “policía patriótica”: como un garrote contra sus adversarios políticos.
¿Qué te puede hacer Montoro si no cumples la regla de gasto y no presentas un Plan Económico Financiero ajustado a sus exigencias, por absurdas que sean? Las medidas coercitivas para los ayuntamientos reflejadas en la LOEPSF son similares a las que emplea la Troika para tutelar a los estados, el conocido como procedimiento de déficit excesivo. Primero te obliga a realizar recortes inmediatos mediante un acuerdo de no disponibilidad de créditos y a depositar una multa, que en el caso de Madrid sería de unos 27 millones de euros. Si en ese plazo sigues sin presentar un PEF con el que esté de acuerdo Hacienda, Montoro te envía un comité de expertos –a.k.a. “hombres de negro”– para proponer medidas de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento. Si no las cumples, tu gestión puede considerarse “gravemente dañosa para los intereses generales” y podría decretarse incluso la disolución de los órganos de la Corporación Local. Es decir, quien incumpla la regla de gasto puede sufrir el mismo destino que la Generalitat de Catalunya intervenida por el 155.
Queda claro que es imprescindible acabar con la regla de gasto, no sólo por ser ineficaz e injusta, sino por violar la autonomía municipal consagrada –pero no lo suficientemente blindada– en la Constitución. Buena parte del debate de estos días consiste precisamente en cómo hacerlo. Durante los últimos años los ayuntamientos se han organizado, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la Red municipalista contra la Deuda y otras plataformas para denunciar la regla de gasto. Fruto de este trabajo colectivo a nivel municipal es también la proposición de ley (PL) que desde el grupo parlamentario Unidos Podemos registramos en el Congreso con el fin de reformar la regla de gasto. Esta proposición de Ley permite a los ayuntamientos con las cuentas saneadas quedar exentos de la aplicación de la regla de gasto, pudiendo invertir su superávit en mejorar los servicios que prestan a los ciudadanos, y limita la capacidad coercitiva del Ministerio de Hacienda sobre los Ayuntamientos.
Para ser francos, a pesar de que esta Ley no tiene afectación directa a los Presupuestos Generales del Estado, no teníamos mucha esperanza en que pudiera superar el veto del ejecutivo. Estamos habituados a que el Gobierno, con el apoyo de Ciudadanos, haga uso del veto sistemáticamente contra cada propuesta de la oposición, haciendo un uso de esta facultad que nunca se había visto antes en democracia y que ya ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la fortuna sonrió al municipalismo y a la democracia: el Gobierno registró este veto fuera de plazo y pudimos sortear, de esta manera, el principal muro de defensa del PP. Así conseguimos llevar la PL a votación y su toma en consideración salió adelante por mayoría absoluta, a pesar del voto en contra de PP y C’s.
La tramitación de una proposición de ley en el Congreso puede tardar entre 4 y 18 meses, dependiendo de las maniobras dilatorias que sean capaces de articular los defensores de la austeridad. Pese a que estamos seguros de que PP y C’s harán todo lo posible por retrasarla prorrogando el trámite de enmiendas, ahora el tiempo corre en contra de Montoro. Su tijera más afilada tiene fecha de caducidad. Este hecho, completamente imprevisto por el Gobierno, supone un cambio sustancial en la guerra abierta entre el municipalismo y Montoro.
Hasta ahora teníamos que aceptar el único campo de batalla posible: la negociación desigual entre los gobiernos municipales y el ministerio de Hacienda, municipio a municipio, para aprobar presupuestos lo más sociales y expansivos posible bajo el yugo de la regla de gasto en cada localidad. Una batalla en la que sólo cabía discutir y denunciar el criterio arbitrario de Hacienda para, en última instancia, acabar aceptándolo o incumpliéndolo a riesgo de una intervención de las cuentas por parte del Gobierno, con la consiguiente paralización de las inversiones en curso y el peligro para logros en la gestión municipal. Una batalla en el terreno más favorable para Montoro.
Ahora esa batalla ha escalado y el Congreso se ha convertido en la principal baza de los ayuntamientos para ganarle la partida a Montoro, donde ya se ha demostrado que estos cuentan con mayoría. En este terreno los grupos parlamentarios que defendemos y dicen defender el municipalismo somos ahora una herramienta a su servicio para agilizar su aprobación definitiva, ya que solo con su implicación y con la movilización ciudadana podremos romper las barreras que nuestro adversario va a intentar poner para bloquear la tramitación de la Ley.
Ahora es el momento de hacer fuerza desde el municipalismo y la sociedad civil para evitar las maniobras de bloqueo, conseguir que la Ley se apruebe definitivamente en el Congreso y, de esta manera, ganarle la partida a Montoro en el terreno que le es menos favorable. Hace unos meses absolutamente nadie sabía lo que era el sinsentido de la regla de gasto y ahora puede que dé hasta para alguna discusión de Nochebuena. Estamos cerca de la victoria, ahora hay que elegir bien el terreno en el que damos la siguiente batalla para ganarla sin poner en peligro las conquistas realizadas.
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Segundo González. Portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Presupuestos del Congreso. Diputado por Asturias.
