Lo hacemos en nombre de accionistas, bonistas y titulares de obligaciones convertibles y deuda subordinada que de la noche a la mañana perdieron el 100% de su inversión sin motivo ni explicación alguna, claros perjudicados por la decisión de la JUR, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí.
El despacho subraya que el MUR optó por aplicar el 18.1 del Reglamento al constatar la gravedad de las dificultades financieras de la entidad a la que describió como failing or likely to fail. Consideró que de haber seguido operando en el mercado, el Popular habría sido incapaz en un futuro inminente de atender el pago de las obligaciones financieras contraídas.
La drástica y controvertida decisión se tomó sobre la base de un informe de Deloitte que la JUR se niega a hacer público, denuncia Navas quien recuerda que la JUR tiene obligación de motivar y hacer públicos los informes que justifican sus decisiones según el Reglamento del MUR. Se ha producido un manifiesto incumplimiento de sus obligaciones que sugiere irregularidades que podrían llevar a la declaración de nulidad la decisión, concluye el socio-director de navascusi.com.
En caso de reconocerse la nulidad de la resolución, explica el letrado, la JUR debería dictar una nueva resolución que, esta vez sí, respete íntegramente las normas jurídicas de la UE y los principios fundamentales del derecho de la Unión tal y como lo establecen los tratados y la jurisprudencia de Luxemburgo como el caso Maizena.
El letrado denuncia en su recurso que la ausencia de transparencia de la JUR ha quebrado el principio de confianza legítima de los ciudadanos en las administraciones. Se ha quebrado uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, lamenta.
Además, Navas & Cusí apela al art. 20.11 del Reglamento 806/2014 de 15 de julio que establece que las valoraciones que no cumplan los requisitos establecidos en el mismo Reglamento se consideraran provisionales siendo necesaria una valoración a posteriori que garantice las eventuales pérdidas y restablezca los derechos de los acreedores.
Por otra parte, el despacho señala que el presente recurso debería haber sido presentado por el anterior consejo de administración del Popular. No lo hicieron porque no parecían estar interesados en presentarlo y menos en que fuera admitido a trámite. Por supuesto, señala el socio-director de Navas & Cusí, tampoco el nuevo consejo de la nueva propiedad, el Banco Santander, está interesado: sus intereses son contrapuestos a los de mis defendidos.
El letrado informa que si su recurso fuese desestimado o la JUR no contestara en el plazo de un mes, se abriría paso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo donde la jurisprudencia es muy amplia. Además, señala que el recurso ante la JUR se presenta sin perjuicio del pertinente contencioso-administrativo frente al Frob cuyo plazo finaliza el próximo 7 de agosto.
Vamos a defender a los accionistas, bonistas y titulares de deuda subordinada y obligaciones convertibles del Popular con todas las armas legales que tengamos a nuestro alcance, concluye el socio-director de navascusi.com
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