Alexis Tocqueville en su famosa obra “El Antiguo Régimen y la Revolución” sostenía que realmente la revolución francesa se inició no en 1789 sino dos años antes cuando la aristocracia se negó a pagar impuestos en la llamada “revuelta de los privilegiados”. Esta situación forzó a Luis XVI a convocar los Estados Generales aliándose con el Tercer Estado para acabar con los privilegios de la aristocracia. El 19 de junio de 1790 se aprobó la supresión de los títulos de la nobleza hereditaria y que todas las exenciones fiscales pasaran a consideradas “delito nacional”.
Algo más de doscientos años después de la revolución francesa, las élites económicas mundiales se han conformado en una nueva aristocracia que se cree con el derecho de no pagar impuestos. Filtración tras filtración descubrimos nuevos nombres de multinacionales, multimillonarios, famosos o políticos que utilizan empresas offshore o pantalla para ocultar su verdadero patrimonio en paraísos o guaridas fiscales al margen de las obligaciones tributarias. La evasión y elusión fiscal de las grandes fortunas y empresas están en el corazón de las razones del vertiginoso aumento de la desigualdad, así como en el de la carestía recaudatoria de los estados. Solo para hacernos a la idea de la magnitud del problema, en la comisión de investigación de los Papeles de Panamá del Parlamento Europeo hemos calculado que la Unión Europea pierde un billón de euros anuales de recaudación tributaria producto de la evasión y la elusión, un montante económico casi equivalente al producto interior bruto de un país como España.
Estos años de aguda crisis, hemos visto como mientras desde las instituciones europeas se piden esfuerzos a los pueblos, se recortan derechos y se practica una política autoritaria para “salir” de la crisis; las grandes fortunas, gracias al entramado mundial de paraísos fiscales, han acelerado el proceso de concentración de poder y riqueza. Desde el inicio de la crisis la desigualdad no ha parado de crecer en el mundo, hasta tal punto que, como indica el informe de Oxfam Intermón, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta en la crisis social de desigualdad más aguda desde que tenemos datos estadísticos en este sentido.
Pero ha sido el impacto mediático y social de los escándalos de filtraciones como la de lista Falciani, Luxleaks, Papeles de Panamá o Papeles del Paraíso los que han obligado a las autoridades europeas a que tengan que escenificar su lucha contra la evasión fiscal. En este contexto nació la comisión de investigación parlamentaria de los Papeles de Panamá en el Parlamento Europeo para poder ofrecer información adicional y concreta, de un fenómeno que, por desgracia, no es coyuntural sino estructural, sujeto a los fundamentos del capitalismo líquido de nuestra época.
La comisión de investigación ha sufrido restricciones en el acceso a documentación completa y a tiempo, porque varios países miembros, el Consejo y la Comisión no han colaborado como hubiera sido necesario. También la comisión de investigación ha contado con competencias limitadas, lo que no le ha permitido garantizar la presencia de personas o entidades a las que se llamó para estar presentes o para aportar declaraciones. Además, las fuerzas conservadoras han intentado que muchas de las audiencias se empleasen como lavado de cara de instituciones, países o personas, más que para realizar una labor de investigación en sí. Incluso liberales y conservadores impidieron propuestas de nuestro grupo que pretendían que empresas como Nike fueran llamadas a declarar. Meses después esas mismas empresas aparecían en las filtraciones de los Papeles del Paraíso. A pesar de todas las restricciones, la comisión, aporta una serie de hallazgos y recomendaciones que resultan de interés, a pesar de su excesiva prudencia y juegos de equilibrios.
De esta forma, el informe de investigación de los papeles de Panamá, votado al nivel de comisión de investigación, llega a sugerir que en el marco de la UE hay una dinámica de competitividad fiscal dañina. En donde la libertad de movimiento de capitales genera efectos indeseados y se debería de regular para al menos limitar sus efectos mediante los perjudiciales precios de transferencia y propone acabar con los acuerdos de “(no) doble imposición”.
Muchos de los “logros” de la comisión están en riesgo por las enmiendas de Liberales y Populares que responden milimetricamente a los intereses de los lobbies y que se votarán esta semana en la plenaria parlamentaria de Estrasburgo. En este sentido, pretenden eliminar de las recomendaciones del texto final que aprobará el parlamento las retenciones fiscales en origen en las trasferencias de pagos de interés y dividendos para evitar la política de transferencia de precios que permite hacer aflorar beneficios en países terceros con condiciones fiscales favorables. También, se quiere suprimir la recomendación de elaborar una lista de jurisdicciones fiscales no cooperativas incluyendo aquellas con bajos tipos impositivos o cercanos a cero, señalando también a países de la UE, estableciendo sanciones proporcionadas y disuasorias contra los países en dicha lista.
Así pretenden eliminar las referencias en el texto de la comisión de un tipo impositivo efectivo mínimo a escala de Europa que afecte al menos a los intereses y los royalties (regalías), y que podría apuntar a lo deseable de contar con un tipo mínimo en lo que sería un impuesto de sociedades europeo, favoreciendo a su vez una propuesta legislativa para el tratamiento de las sedes y grupos de empresas transnacionales en relación a prevenir el abuso de los precios de transferencia a escala europea.
Por último se intenta rebajar también las propuestas sobre una regulación de los intermediarios fiscales con incentivos, controles y sanciones para que se abstengan de desarrollar programas de evasión y elusión fiscal, con reglas más rigurosas para el rol de estos intermediarios. Ello obligaría a los intermediarios, esto es, facilitadores y promotores necesarios, que hacen de la “optimización fiscal” un negocio, a actuar en pro del interés público sin ampararse en el secreto profesional, abriendo incluso la retirada de la licencia para operar.
Cuando la revolución francesa obligó a Luis XVI a abolir los derechos hereditarios de la nobleza hiriendo de muerte al antiguo régimen, acto seguido tuvo que poner en marcha un catastro de propietarios para poder recaudar efectivamente impuestos. Hoy en día es fundamental desarrollar un catastro público de beneficiarios reales coordinados con los registros de propiedad de acceso a las autoridades fiscales para poder tener una fiscalidad justa y progresiva como una herramienta efectiva de redistribución de la riqueza, acabando en parte con los privilegios de esta nueva “aristocracia” planetaria que se cree exenta de pagar impuestos. Puede que para todo esto no nos sirva con una comisión o un cuaderno de quejas, sino que tengamos que volver a vivir una revolución.
