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Pimec y Pimem usaron sus plantillas de organización empresarial para inflar la de autónomos Uatae ante Trabajo

La imputación de Uatae y Pimec por parte del Juzgado de Instrucción Nº 17 de Madrid por falsedad documental y fraude en subvenciones ha sacado a la luz que ambas organizaciones decidieron hinchar su representatividad y acceder a un cobro más elevado de una subvención del Ministerio de Trabajo. La jueza María Isabel Garaizabal ha imputado a ambas organizaciones por integrar presuntamente los trabajadores de Pimec y Pimem Mallorca como propios de Uatae, pese a la imposibilidad legal, ya que una organización empresarial no puede integrarse como una de autónomos.

Pese a estas acusaciones, Pimec ha preferido centrarse en quitarse culpas sobre la falsedad documental y apuntar hacia Uatae. Asegura que el documento presuntamente fraudulento que envió –y que facilitó el cobro de una cantidad más elevada de subvenciones del Ministerio de Trabajo de las que le correspondería– «ha sido claramente alterado y manipulado una vez que salió de aquí», según informaron a LA RAZÓN fuentes de la patronal catalana. Aunque no acusaron directamente a su «socio», sí apuntaron que «la documentación que trasladamos a Uatae y la que ellos presentaron no es la misma. Nosotros somos también víctimas y no hemos cometido ninguna irregularidad».

Sin embargo, sí que ha quedado claro que la catalana Pimec y la balear Pimem cedieron la contabilización de sus trabajadores para inflar la plantilla de Uatae y acceder a una cantidad mayor de subvención, además de ganar peso representativo ante Trabajo de cara a acceder al diálogo social a través de Conpymes, de la que forman parte. Los certificados de la plantilla que facilitaron desde Pimec para justificar la cesión de trabajadores, así lo atestiguan, ya que fueron firmados y sellados por la propia organización, incluidos datos personales y laborales de todos ellos, a los que sólo se puede tener acceso interno desde las patronales que presiden Antoni Cañete y Jordi Mora.

También parece demostrado, según el apartado Sexto del acuerdo de colaboración rubricado Entre Uatae y Pimec, que ambas fijaron como uno de sus objetivos repartirse el montante de las subvenciones que obtuvieran. Según reza el texto del acuerdo al que ha tenido acceso LA RAZÓN y que consta en la causa, los recursos que obtuvieran para la financiación de sus actividades serían distribuidos entre ambas organizaciones «en proporción a la dotación que para los mismos pueda establecerse». Esta distribución se acordó que se haría anualmente «en función de la disponibilidad de recursos que puedan obtenerse por los diferentes mecanismos de financiación existentes».

Por tanto, los 266.000 euros obtenidos de forma presuntamente fraudulenta tendrían que haber sido repartido durante al pasado ejercicio entre Uatae y Pimec, pero el contencioso administrativo de la Audiencia Nacional provocó una investigación en el Ministerio de Yolanda Díaz que derivó en una denuncia por delitos económicos en la Fiscalía, que impidió el reparto y forzó a María José Landáburu a devolver «íntegramente y con intereses» –aseguran desde Uatae– dicha subvención, una decisión que servirá como atenuante si se diera una sentencia condenatoria, para evitar los cinco años de cárcel y los seis de inhabilitación pertinentes para estos delitos.

De momento, Garaizábal ha imputado a María José Landaburu, secretaria general de Uatae, y Josep Ginesta, secretario general de Pimec y a las dos instituciones que representan como personas jurídicas–, tras admitir la denuncia de la Fiscalía por delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental.