Aunque las encuestas vaticinan un brusco descenso en el número de escaños que logrará en las elecciones generales del próximo día 28, Podemos podría seguir teniendo la llave para que Pedro Sánchez siga gobernando. Y si resulta decisivo, su influencia en cuestiones como el conflicto del taxi y de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) puede resultar determinante en el enfoque que adopte el Gobierno respecto a este conflicto. Su posicionamiento a favor del sector del taxi quedó claro la pasada legislatura. Y en la que está por venir será todavía más decidido si se atiende a su programa electoral. La formación morada plantea expropiar licencias VTC para que se cumpla la ratio 1/30 que fija la ley. «Se recuperarán autorizaciones administrativas para hacer efectivo el cumplimiento de la regla de proporcionalidad 1/30», dice textualmente el punto 18 del programa del partido que lidera Pablo Iglesias.
Según datos del Ministerio de Fomento, a comienzos de abril había concedidas 14.089 licencias VTC en España, frente a las 62.626 de taxi. Para que se cumpliese la ratio 1/30 que fija la ley, habría de retirar del mercado 12.002 autorizaciones VTC, el 85% del total, y dejarlas en 2.087. Su retirada abocaría a la administración que diese el paso a una batalla judicial que podría tener un elevado coste económico para las arcas públicas. La patronal de los vehículos de alquiler con conductor (Unauto) ha advertido en repetidas ocasiones de que, caso de llegarse a una situación de expropiación de licencias, reclamarían indemnizaciones en los tribunales. Según sus cálculos, la compensación que pedirían si se retirasen todas rondaría los 4.000 millones de euros. En el caso de que fuese el 85%, tal cantidad sería de 3.400 millones de euros.
Aunque la ley es clara en cuanto a la proporción 1/30, la realidad es que la ratio lleva años sobrepasada por un vacío legal. En 2009, la Ley Ómnibus liberalizó el mercado. Sin embargo, entre 2012 y noviembre de 2015, cuando se estableció por ley la proporción, las autonomías, encargadas de conceder estos permisos, se negaron a dar más alegando que el mercado estaba saturado. Las compañías de VTC recurrieron a los tribunales y ahora la Justicia les está dando la razón, lo que ha provocado un aluvión de licencias en los últimos años.
Junto a la expropiación de licencias, el programa de Podemos incluye otra polémica medida: la precontratación de los VTC. La formación morada asegura que obligará al Estado y las comunidades a cooperar para que se introduzca una de dos horas. Ni el sector del taxi se ha mostrado tan maximalista en esta cuestión. En Cataluña, reivindicó una hora y, finalmente, aceptó la propuesta de la Generalitat de Cataluña de 15 minutos, que han replicado legislaciones como la de la Comunidad Valenciana.
