Desconfíen cuando se intenta sumergir en planteamientos técnicos y despojar de ideología algo tan aparentemente árido como los Presupuestos Generales del Estado. Nada hay más ideológico que la plasmación en las cuentas públicas de una posición política determinada. Al fin y al cabo los presupuestos determinan qué parte de la población y con qué intensidad va a verse beneficiada por las políticas públicas, cómo se va a repartir parte de la riqueza y la renta que generamos entre todos y todas, y cómo se va a definir e influir en las características del modelo productivo, social y ecológico de nuestro país.
Si algo queda claro con el Proyecto que se somete a tramitación por parte del gobierno del Partido Popular y sus aliados de Ciudadanos es la estrategia de la derecha: quieren un país en el que la importancia del estado social continúe menguando, en el que se mantengan tasas de paro muy superiores a la de nuestros vecinos, en el que la precariedad impregne, si cabe aún más, el mercado laboral afectando especialmente a mujeres y a jóvenes, en el que el nivel de desigualdad siga siendo de los más elevados de Europa, en el que los pensionistas se empobrezcan progresivamente, en el que el modelo productivo se caracterice por un bajo valor añadido y tecnológico, en el que el modelo energético siga anclado al siglo XX, en el que la vivienda sea un lujo y no un derecho, etc. Porque los presupuestos generales no los han diseñado para combatir los enormes desafíos económicos, sociales y ecológicos a los que nos enfrentamos, sino para cumplir reglas fiscales carentes de cualquier fundamento técnico que impone la Unión Europea y que han demostrado de manera evidente su inoperatividad para alcanzar los objetivos que le importan a la inmensa mayoría de la gente. Unas reglas carentes de todo sustento científico y técnico que están siendo utilizadas como excusa para deteriorar los servicios públicos y permitir más espacio de negocio a los agentes privados. No hay otra cosa que ideología detrás del disfraz de ciencia. Lo malo es que esa ideología va contra los intereses de la mayoría social. Los retos que debería abordar un presupuesto que se nos plantea al tiempo que el gobierno presume de “haber salido de la crisis” deberían pasar por abordar la realidad de los casi 4 millones de personas desempleadas, en el millón personas que viven en hogares sin ningún tipo de ingreso, en los casi 8 millones de personas que no llegan a final de mes, en la gente que tiene contratos basura. Tendría que mostrar con claridad para qué sirve la herramienta presupuestaria para la gente que sigue siendo desahuciada de sus viviendas o para los casi 13 millones de personas que viven en riesgo de pobreza.
Pero eso no lo encontrarán en estos presupuestos. No hay medidas para crear empleo, ni para reducir la precariedad laboral, ni para reducir la pobreza o la desigualdad, ni para modernizar nuestro modelo productivo y lograr así la creación de empleos de calidad, a pesar de que son las necesidades más apremiantes e importantes que tenemos. En cambio, sí podrán ver medidas que llevan a que el tamaño del Estado social -medido en gasto público sobre el PIB- sea el más bajo de los últimos diez años. Estos presupuestos consolidan los recortes que en 2010 nos dijeron que serían pasajeros: el presupuesto para educación, cultura y deporte es un 21,6% inferior al año 2010, año en el que comenzaron los recortes; el de sanidad es un 31,2% inferior, el de fomento un 54,7%… Estos presupuestos no resuelven los principales problemas que sufre la mayoría social en nuestro país e ignoran derechos básicos recogidos en la Constitución, como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, la progresividad del sistema fiscal o directamente el artículo 128, que afirma que toda la riqueza del país tiene que estar subordinada al interés general.
No en vano, estos presupuestos parecen estar redactados por y para las élites, por aquellos y aquellas a las que la crisis no les ha ido nada mal. No solo no hay medidas para combatir el elevado fraude fiscal que cometen, sino que además recogen reducciones de impuestos para las empresas más grandes. Es paradigmático que por primera vez en la historia se recojan bonificaciones fiscales a las Socimis, que son grandes empresas que se dedican a hacer negocio con la vivienda lo que explica en buena medida el repunte de su precio de compra y de alquiler. De hecho, los beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades aumentarán con este presupuesto un desorbitado 62%, dejando claro cuál es la prioridad política de este gobierno: reducir la carga fiscal a empresas y grandes fortunas para trasladarla aún más a las espaldas de trabajadoras y trabajadores y consumidoras y consumidores.
Hay alternativa y pasa por dar prioridad a enjugar el déficit social y ecológico por encima de la senda de reducción del déficit fiscal. Y por eso, desde el grupo confederal Unidos Podemos –En Comú Podem – En Marea, hemos presentado una propuesta profundamente estudiada y perfectamente factible, que ponga a la gente por delante de los intereses de las grandes corporaciones. Nuestra propuesta plantea un giro de timón con respecto a las políticas públicas: el gasto público total sería 1,7 puntos porcentuales del PIB superior a la propuesta actual del gobierno. Estamos hablando de unos 20.000 millones de euros que se repartirían entre políticas sociales, políticas para la modernización económica, cambio productivo y transición energética, y políticas para la igualdad de género y cierre de la brecha salarial. Todo ello tendría además un efecto expansivo sobre la actividad económica que permitiría mayor creación de empleo, lo que unido al combate del fraude laboral y a una nueva regulación del mercado de trabajo, lograría mejorar notablemente la calidad del mismo.
Entre las actuaciones contempladas, destaca un programa de inversiones orientadas tanto al aumento de la eficiencia energética (revisión de los edificios, mejora de la red eléctrica, transporte público, medidas de ahorro energético en la industria) como a la sustitución del consumo de energía proveniente de combustibles fósiles y de centrales nucleares, por energía procedente de fuentes limpias y renovables. Por otro lado, nuestra propuesta recoge tres planes de empleo importantes. Uno para los desempleados de larga duración, otro para los jóvenes y otro para acabar con el empleo precario en las administraciones públicas. Y con la pretensión de contribuir a reducir la brecha salarial de género nuestra propuesta incluye la equiparación del permiso de paternidad con el de maternidad, haciéndolos obligatorios e intransferibles. Las políticas públicas deben orientarse a que las mujeres dejen de tener la etiqueta de “menos disponibles para el empleo”. Otras actuaciones importantes son: un Plan de Renta Garantizada que beneficiaría a aquellas personas que se encuentren con un nivel de renta inferior al umbral de la pobreza; la revalorización de las pensiones contributivas al ritmo del IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo; un importante plan de promoción de parque de vivienda social; un plan de rescate de la ciencia; un importante aumento de las pensiones no contributivas más bajas; la actualización del IPREM para aumentar subsidios de desempleo y otras ayudas públicas; y la aplicación de una prestación por hijo o hija a cargo tal y como recomienda UNICEF.
Se trata de una demostración clara de que una orientación presupuestaria diferente permitiría mejorar las condiciones económicas de la mayoría, con mayor estabilidad en el empleo y mayor retribución, con un avance firme para conseguir la eliminación de la precariedad crónica que caracteriza nuestro modelo de crecimiento. Es imprescindible poner en marcha cuanto antes una alternativa de país al proyecto agotado del Partido Popular.
Solo hace falta voluntad política. Nosotras y nosotros la tenemos.
