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¿Puede ayudar la Ley de Segunda Oportunidad a superar el impacto económico de la COVID-19?

¿Por qué puede ser una salvación la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad está concebida como una norma que “permita a una persona física encarrilar nuevamente su vida e incluso arriesgarse a nuevas iniciativas a pesar de un fracaso económico, empresarial o personal”. Así aparece definida en los primeros párrafos del Real Decreto Ley 1/2015, que además recalca la idea de liberar a esa persona de una deuda que actúa como losa y que difícilmente podrá satisfacer.

Esta descripción realizada en el BOE número 51 de 28 de febrero de 2015 se ajusta mucho a una realidad como la actual que, en vista de los datos, está afectando gravemente a la economía nacional. Es por ello por lo que conocer el funcionamiento de este mecanismo puede resultar clave a la hora de salvar una situación crítica y poder volver a empezar con nuevos proyectos o negocios. Existe una solución a la bancarrota gracias a la Ley de Segunda Oportunidad.

Los datos muestran la magnitud de la crisis

Aproximadamente uno de cada tres autónomos se beneficia de la prestación por cese de actividad según las cifras de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) encargadas de gestionar estas peticiones. Estas solicitudes, que han sido aprobadas en un 97% de casos, ascienden hasta las 923.812 tal y como exponen las mutuas cobradoras de la Seguridad Social encargadas de gestionar las peticiones para autónomos.

Estas cifras que afectan a los profesionales por cuenta propia adquieren mayor dimensión si se atiende a otras variables como el aumento de parados en el mes de abril o el número de personas beneficiadas por la prestación de desempleo. El cuarto mes del año registró 3.831.203 parados, la más alta desde mayo de 2016, y un aumento del 7,97% (282.891 personas) respecto al mes de marzo.

Además este mes el Ministerio de Trabajo ha informado de forma excepcional sobre el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo, que incluye a desempleados y afectados por un ERTE, y se sitúa en 5.197.451 personas, lo que supondría una nómina mensual de 4.512 millones de euros. Todo esto repercute de forma importante en la previsión realizada por el Banco de España que calcula un descenso del PIB entre un 6% y el 13,5%.

El caso de los autónomos

Si bien es cierto que esta ley está al alcance de cualquier persona física que reúna una serie de requerimientos, la incertidumbre que están viviendo muchos autónomos por el cierre de sus negocios es mayúscula. Ante la ausencia de beneficios ha aparecido la imposibilidad de hacer frente a las deudas contraídas y con ello las dudas y la preocupación.

Para poder iniciar este proceso, atendiendo al caso de los autónomos, es necesario rellenar un formulario donde se incluyan todos los elementos necesarios para los trámites posteriores. Después de presentar el modelo de solicitud de segunda oportunidad, se nombrará un mediador concursal y se iniciará la fase de acuerdo extrajudicial de pagos. De esta manera se trazará un plan de pagos que sea factible y satisfaga a ambas partes.

En el caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto y no se alcance un acuerdo, o bien el patrimonio del autónomo sea insuficiente, el mediador concursal solicitará la apertura del concurso consecutivo. Es en este momento, después de la liquidación del patrimonio del autónomo, cuando éste podrá solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) para cancelar las deudas impagables.

Desde hace unos meses, gracias a una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2019, al autónomo se le permite incluso librarse de las deudas contraídas contra las instituciones públicas tales como la Seguridad Social o Hacienda.

Antes de iniciar estos trámites es importante recalcar que al autónomo se le exigirá no haber sido declarado culpable durante el concurso de acreedores. Igualmente, esta persona tiene que ser la primera vez que inicia este procedimiento en los últimos diez años y no debe contar con antecedentes penales, también en la última década, por delitos contra el patrimonio, el orden socieconómico, los derechos de los trabajadores o la Hacienda Pública y la Seguridad Social. También se incluyen entre estos delitos la falsedad documental.

Con todo esto la Ley de Segunda Oportunidad se convierte en una opción más que útil para hacer frente a una situación como la que se viene desarrollando en los últimos meses. Acogerse a este mecanismo puede suponer una solución más favorable a corto plazo que tratar de emprender una “huida hacia adelante” con la intención de salvar el negocio y terminar cayendo en una deuda más profunda. Se puede volver a empezar después de la quiebra.