La Comisión Europea ha propuesto que España salga del procedimiento de déficit excesivo (PDE), tras haber cerrado 2018 con un déficit público inferior al 3% del PIB. De esta forma, España pasará a estar bajo el brazo preventivo, un control más suave cuya función es evitar que las cuentas vuelvan a desequilibrarse. Estos son los aspectos clave que vigilará Bruselas:
Déficit
Bruselas vigila los objetivos presupuestarios a medio plazo o el desequilibrio estructural, una meta que España fija en cero. Para asegurar el avance hacia ese objetivo, la Comisión Europea (CE) establece el ajuste que tiene que hacerse cada año, que se formula a mediados del año anterior. En el caso de España, el ajuste estructural que tiene que realizar es del 0,65% del PIB, una cifra más estricta que el 0,5% que la CE establece de manera genérica para todos los países. No obstante, hay unos márgenes de desvío permitidos por Bruselas, que son del 0,5% en un año o del 0,25% en dos.
Gasto
La Comisión establece una regla de gasto o tasa máxima de crecimiento del gasto computable, por la que el gasto público (sin tener en cuenta los intereses de la deuda, las prestaciones de desempleo ni las inversiones cofinanciadas con fondos europeos) no puede aumentar por encima de una determinada referencia entre un año y otro. Esta regla de gasto europea no coincide exactamente con la regla de gasto española, que se aplica a cada administración en cada período, sino que afecta al conjunto de las Administraciones Públicas y pretende evitar que se aumente el gasto por encima del crecimiento de la economía del país.
Deuda
Existe una regla de deuda europea para que esta converja al 60% del PIB -la española se encuentra en estos momentos en torno al 97% del Producto Interior Bruto-, aunque España disfrutará durante tres años de un régimen transitorio, en el que se le exigirá reducir el ratio de endeudamiento aunque de forma más flexible.
EFE
